La extensión del IFE Laboral hasta junio de 2022 por parte de la administración saliente no dejó indiferentes a las nuevas autoridades. Más allá del problema que significa dejar comprometidos recursos fiscales a último minuto, habría que preguntarse si esta es la herramienta de apoyo que requiere el mercado laboral en las condiciones actuales.

Cuando se insiste en que es necesario recuperar el empleo, es importante poner atención a dónde están los rezagos. En efecto, las estadísticas de cotizaciones previsionales muestran que el empleo asalariado formal se recuperó ya a inicios del 2021. Por su parte, los datos recopilados por el INE indican que el empleo por cuenta propia alcanzó su nivel prepandemia en el tercer trimestre del año pasado.

Así, el problema no está en estos grupos. Donde persisten los rezagos es entre personas que son empleadores y entre quienes prestan servicios domésticos o como familiares no remunerados. Por el lado de la oferta laboral, sigue rezagada la participación laboral de mujeres y la de mayores de 55 años.

En este contexto, el proyecto SABE (Sistema de Análisis de Bolsas de Empleo), dependiente del Sence, muestra que las vacantes de empleo a enero de este año han seguido creciendo, aunque a una tasa menor que en meses previos. Al mismo tiempo, el número de personas que postula a empleos sigue bajo en relación con lo histórico, pero se observa un aumento relevante en el último informe. A ello se suma un nivel muy bajo de personas que desearían trabajar más horas según reporta el INE.

Así, el panorama es uno de escasez relativa de trabajadores, el que se habría moderado en los últimos meses. Ello se ha traducido en salarios reales que crecieron de manera relevante los tres primeros trimestres del 2021. Consistente con ello, las estadísticas de SABE muestran que los empleadores han reducido los requisitos de experiencia laboral que exigen en los avisos que postean.

¿Qué hay detrás de esta dinámica? Distintas hipótesis, complementarias entre sí, pueden explicar esta coyuntura. Una es que las condiciones laborales que han ofrecido los empleadores no son lo suficientemente atractivas o demasiado exigentes. De hecho, la reducción en los requisitos de experiencia es consistente con esta idea.

Al mismo tiempo, a pesar de las alzas salariales y los complementos sustantivos —pero temporales— de ingresos que significa el IFE Laboral, es posible que la liquidez que aún persiste en la economía luego de la enorme expansión fiscal del 2021 y los retiros previsionales permitan a los trabajadores demorarse un poco más en buscar un empleo más acorde a sus necesidades. Demorarse más puede ser económicamente eficiente, por lo demás, porque permite mejores coincidencias entre lo que buscan empleadores y trabajadores.

A ello se agrega que la vuelta a clases presenciales en el sistema escolar recién comienza, pero que aún existe incertidumbre respecto de la situación sanitaria. Mientras no se regularice de forma clara el acceso al cuidado de dependientes, muchas mujeres seguirán impedidas de volver a la fuerza laboral.

También existen condiciones estructurales que dificultan la participación laboral y el empleo de ciertos grupos, en especial de aquellos alejados geográficamente de las oportunidades laborales, con escasas redes para la búsqueda de empleo, con bajas calificaciones, y/o con impedimentos domésticos como la necesidad de cuidar a otros. A ellos se suman quienes experimentan discriminación. Para quienes soportan estas condiciones es difícil responder a los subsidios estatales no importa cuán generosos sean y menos si son por un tiempo limitado.

Ante estas hipótesis, no parece que la solución sea un instrumento como el IFE Laboral que subsidia única y temporalmente los ingresos de trabajadores. El gobierno pasado creó nuevos subsidios, como el Ingreso Mínimo Garantizado y el IFE Laboral en sus múltiples versiones, dejando en herencia un conjunto desordenado de programas, en ocasiones mal diseñados.

En esta estrategia, la administración Piñera perdió la oportunidad de fortalecer instrumentos existentes que apoyan a trabajadores vulnerables y también a sus empleadores, en particular el Subsidio al Empleo Joven y el Bono al Trabajo a la Mujer. Ambos programas requieren de mayor cobertura y montos, pero tienen una mejor chance de ser efectivos en cualquier coyuntura por su propio diseño. Por cierto, facilitar permanentemente la empleabilidad requiere de otras reformas largamente dilatadas como aquellas referidas al sistema de capacitación e intermediación laboral y a la provisión de salas cuna.

La nueva administración desea reducir la jornada laboral y elevar el salario mínimo con el objeto de mejorar las condiciones laborales en el país. Sería ideal acompañar estas medidas con acuerdos para resolver los temas estructurales que dificultan la plena inserción de muchos, no solo para hacerse cargo de los rezagos específicos que persisten, sino para además extender las oportunidades laborales de manera más permanente.