Los debates al interior de la Convención Constitucional han estado marcados, entre otras materias, por el protagonismo de grupos que buscan consagrar en el futuro texto fundamental una visión ecologista y ambientalista. Ello recoge, en parte, una legítima preocupación por el cuidado del medio ambiente y por los efectos del cambio climático que ha penetrado en la discusión nacional. Sin duda, una de las demandas más sentidas hoy por los chilenos, y especialmente por los jóvenes, dice relación con la búsqueda de un país sostenible, concepto que tradicionalmente tiende a asociarse con la protección del medio ambiente y la existencia de un marco institucional que limite el uso de los recursos naturales.

Sin embargo, la idea de sostenibilidad es mucho más amplia, pues en definitiva refiere a la búsqueda de un progreso social y económico que asegure a los seres humanos desarrollar una vida sana y productiva, sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para gozar de esos mismos bienes. Así, la sostenibilidad no solo involucra al medio ambiente, sino que también está asociada con la estabilidad y persistencia del progreso económico y social, lo que supone una variedad de aspectos, desde el fortalecimiento de la democracia hasta el equilibrio en las cuentas fiscales y la estabilidad económica, además de un regionalismo y un ordenamiento territorial equilibrados.

Como se plantea en un libro recientemente publicado —“Sostenibilidad y participación en la Constitución”, editado por los académicos de la Universidad de los Andes Jaime Arancibia y Sebastián Claro—, el equilibrio entre estos objetivos es complejo y cambiante en el tiempo, por lo que, más que una lista específica de metas y definiciones sobre el medio ambiente u otras dimensiones de la sostenibilidad, lo que se requiere es un diseño institucional y político que permita la toma de decisiones que sopesen adecuadamente dichos objetivos. Así, no es la Constitución la llamada a zanjar las posibles tensiones que surjan entre ellos, sino que debe apuntar más bien a definir una institucionalidad que, tomando en cuenta estas tensiones, pueda procesarlas equilibradamente.

Así, la compartimentación de la discusión en la Convención no parece obedecer a un diseño adecuado para el logro de los objetivos de sostenibilidad; más bien refleja un esquema en donde distintos grupos buscan fijar en la Constitución sus objetivos de manera detallada, cediendo otros aspectos del diseño de las instituciones. Esta estructura de trabajo y debate no tiene en cuenta lo obvio, y es que la sostenibilidad es un todo que debe armonizar objetivos diferentes, lo que requiere una institucionalidad política y económica que refleje los distintos principios en juego y que tenga los incentivos para equilibrarlos de buena manera en su proceso de toma de decisiones, reconociendo los cambios que se producen en el tiempo.

Para ello es necesario un buen sistema de pesos y contrapesos entre poderes, así como un adecuado equilibrio entre la política y la técnica en la estructura del Estado. La concentración del poder en un grupo específico genera el incentivo para obtener rentas y, como muestra la evidencia, ello termina favoreciendo a ese grupo en el poder, en desmedro no solo de otros grupos, sino también de las generaciones futuras. Así, una institucionalidad desequilibrada, que sea el resultado de la hegemonía de ciertos sectores por sobre otros y que no considere adecuados mecanismos de equilibrio, amenaza con terminar frustrando el declarado objetivo de la sostenibilidad.