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Editorial
Jueves 10 de marzo de 2022
Nombramientos para el TC
La fuerza del Tribunal Constitucional radica en el prestigio de sus integrantes y en la autoridad que pueda exhibir ante la opinión pública una labor ejercida con excelencia.
El nombramiento de los reemplazantes del actual presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José Romero, y del ministro Gonzalo García no se realizó esta semana. La Cámara decidió posponer la sesión y así dejar que la nueva conformación del Congreso tome la decisión, debido a la falta de acuerdo político en torno a los nombres propuestos por Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, Gonzalo Fuenzalida y Gabriel Silber, respectivamente.
Es digno de celebrar que lo anterior no haya ocurrido, ya que tal como lo expresó el ministro del TC José Ignacio Vásquez, “esperaría que se buscara a personas más idóneas de manera académica y jurídica, y no a políticos que están cesando en sus cargos, que por lo demás han perdido elecciones”.
El Tribunal Constitucional desde hace algún tiempo ha estado sometido a un profundo desprestigio, debido en parte a malos nombramientos en el pasado, en parte a la campaña de un sector de la izquierda que buscó en la deslegitimación del Tribunal un vehículo para vilipendiar la propia Constitución, y en parte a los escándalos ocurridos en su interior. Ello ha configurado un complejo escenario para un tribunal que debiera dar cuenta de una máxima excelencia. En algunos casos las situaciones acontecidas dentro de él alcanzaron caracteres bochornosos, impensables incluso para sus más férreos detractores.
No está de más destacar que la tarea del control judicial de la constitucionalidad de las leyes, que con características distintas está consagrada en la generalidad de los países, ya sea en tribunales especiales, como en Chile, o en una Corte Suprema, como en Estados Unidos o Argentina, es fundamental, toda vez que una Constitución que no tuviera este control dejaría de ser tal, y pasaría en la práctica a tener el simple valor de una ley. De ahí que su fuerza radique precisamente en el prestigio de sus integrantes y en la autoridad que pueda exhibir ante la opinión pública una labor ejercida con excelencia, incompatible con un clima de descalificaciones y rencillas cruzadas, como el que ha sido recurrente durante un período.
Por esa razón, sus integrantes no pueden ser políticos derrotados que, además, no tienen un perfil académico. Sus miembros debieran, tal como ocurre en otras instituciones como el Banco Central, ser personas que tienen una gran preparación académica y que estén alejadas de la disputa política partidista.
Todo parece indicar que el proyecto de nueva Carta Magna que se proponga al país prescindirá del Tribunal Constitucional y buscará reemplazarlo por otro organismo. Pero, por una parte, la aprobación de la nueva Constitución no está asegurada, y, por otra, en caso de que sea aprobada, existirá una transición que requerirá tiempo. Ninguna de ambas cosas permite descuidar a tal nivel los nombramientos de una institución que, si se analiza en el decurso de toda su existencia, y no solo en los últimos años, tiene muchas cosas de las cuales enorgullecerse.