Este año, desde el punto de vista macroeconómico, tiene pinta de difícil. A las condiciones actuales —inflación, sobrecalentamiento y bajo crecimiento potencial—, se le suma el desafío de digerir cambios profundos. La desaceleración ya se nota, pero hay dudas respecto de su profundidad y rapidez. En este cuadro, la política macroeconómica tendrá que ser especialmente dúctil para acomodarse a lo que vayamos observando.

Hace una semana, en este mismo diario, el presidente saliente se vanaglorió del crecimiento de los últimos cuatro años. Al parecer olvidó que fueron los retiros de pensiones (la política pública más populista y dañina de las últimas décadas y que su gobierno no fue capaz de frenar) y una política de transferencias tardía y desmedida lo que explica buena parte de aquel ilusorio logro. Lamentablemente, la economía ahora necesita un ajuste macroeconómico de proporciones.

Para dimensionar el desequilibrio se puede tomar la estimación de 5,1% que hizo el Banco Central para la brecha del PIB del cuarto trimestre de 2021. Esto significa que, dado un crecimiento potencial de 2,1% (también del BCCh), si se quiere eliminar esta brecha durante este año, el PIB del cuarto trimestre del presente año debería caer 3% en 12 meses.

Así, la proyección de un crecimiento de 3,5% en 2022 que hizo el gobierno (igual que la peregrina idea de que hay holguras fiscales importantes) resulta inverosímil. Más bien parecen señuelos para deslindar responsabilidades políticas en la desaceleración que viene.

En enero, la inflación llegó a un sorprendente 7,7%. Aunque el fenómeno inflacionario se aprecia en diferentes economías, no es universal. En muchos países asiáticos ha sido muy limitado y, más importante, en otros lugares la inflación no ha aumentado tanto si se excluyen la energía y los alimentos. Por ejemplo, la inflación en la zona euro (sin estos bienes) se aceleró 1,3% en enero, comparado con un año antes. En Perú y Colombia, el aumento de esta inflación subyacente fue de 1,4% y 2,6% en el mismo período. En Chile, se aceleró 4,5 puntos.

Si no existieran los subsidios a los combustibles y si las tarifas de electricidad y del transporte público no estuvieran congeladas (lo que nos recuerda a nuestro vecino allende los Andes) la inflación sería bastante más alta. Esta alza en parte obedece al sobrecalentamiento y en parte a la debilidad del peso por el predecible temor del sector privado ante los profundos cambios que se discuten.

¿Qué implicaciones tiene esto? La única vez que tuvimos una inflación así de elevada, bajo el actual marco de una meta de 3%, fue justo antes de la gran crisis global de 2009. Se redujo rápidamente con la caída de precios de materias primas y la recesión que siguió. Esto sugiere que sin una desaceleración significativa será imposible controlar la inflación en los próximos trimestres.

Como si estas condiciones de base no fueran desafiantes, se suma la invasión a Ucrania que, entre otros efectos, está presionando aún más el precio del petróleo (y, con ello, la inflación) y tendrá efectos contractivos en la actividad. Si la inflación estuviera cerca de la meta, el Banco Central podría decir “esperemos, es un shock de precios por una vez y contractivo”. Con la inflación disparada no tiene ese lujo. La tasa de interés deberá ser aún más alta.

A esto se agrega la incertidumbre de un nuevo gobierno. Aunque el presidente entrante ha dado muestras de responsabilidad, gradualidad y pragmatismo, su programa es intenso. Al parecer, priorizará la reforma tributaria y la de pensiones. Será clave lograr que no sufra la base tributaria y que no decaiga la disponibilidad de ahorro. Es un desafío más político que técnico, porque soluciones existen.

Pero lo más complicado es el avance de la Convención. Es cierto que los 2/3 han logrado podar algunas de las ideas más insólitas y que aún hay varios elementos pendientes, pero se va configurando un escenario de muchísimos cambios radicales.

Algunos, en mi opinión, son de difícil aplicación o directamente dañinos. De lo que no hay duda es que tendrán efectos económicos.

Piense usted, qué sucede con un proyecto de inversión en una zona en que posiblemente tendremos múltiples territorios autónomos (¿unos adentro de otros?), una justicia diferente a la nacional, y en que los pueblos originarios deberán otorgar su consentimiento (no solo su parecer) en asuntos que los afecten. Todo en un contexto de presiones fiscales cuantiosas y con un debilitado derecho de propiedad (¿para qué excluir la idea de que una expropiación del Estado debiera pagar el daño patrimonial causado?).

El escenario que parece hoy más probable es que tengamos una nueva Constitución aprobada por un margen no tan amplio, más cercana a un programa de gobierno que a una carta minimalista, quizás parecida a la de Ecuador. Esta perspectiva, obviamente, tiene efectos sobre la inversión.

La pregunta no es si habrá o no una desaceleración sino cuán profunda será. Imposible saberlo con certeza, pero hay muchas señales que apuntan a que será intensa.