Existe vasto consenso respecto de que los países deben avanzar hacia el acceso universal en salud —donde cada cual reciba los servicios de salud que necesita sin sufrir penurias financieras.

Existen diversas alternativas para que un sistema de salud logre el acceso universal, aunque se ha intentado instalar erróneamente la idea de que ello solo es posible mediante un asegurador y estatal.

En efecto, países como Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, Israel, por nombrar algunos, han optado también por un sistema de salud único, con iguales reglas para todos, pero mediante un modelo de competencia regulada, donde conviven múltiples aseguradores de forma exitosa. De hecho, el reporte del Commonwealth Fund 2021 ranquea a Holanda como el país N°1 en la lista respecto de asequibilidad (posibilidad de financiar) y tiempo de respuesta a las necesidades de sus pacientes: dos problemas que aquejan fuertemente a nuestro sistema de salud actualmente.

El tránsito de Chile hacia un modelo de ese tipo ha sido desarrollado en extenso en diversas propuestas, como Paolucci y Velasco (2017, CEP) y UNAB (2017), así como en cuatro de las candidaturas a la presidencia en 2021. El objetivo: mejorar el sistema de salud tomando como base las fortalezas actuales y subsanando sus debilidades.

Varios elementos han sido ya articulados en los proyectos de ley de 2011, 2019 y 2020 para los aseguradores de salud privados y el estatal (actualmente isapres y Fonasa) delineando las herramientas y un marco regulatorio robusto, necesarios para equilibrar equidad y eficiencia y lograr acceso universal.

Que exista elección es fundamental para asegurar el acceso (evitando esperas) y satisfacer las necesidades y preferencias de las personas, ya que, si lo anterior no se cumple, la población tiene opciones. Por el contrario, con un asegurador único, solo aquellos de altos ingresos pueden “saltarse la fila”, ya sea haciendo uso de sus seguros complementarios o pagando de su bolsillo, generando desigualdades. Además, se requiere de regulaciones, siendo clave la compensación de riesgo para distribuir los recursos de acuerdo con las necesidades, cuyo desarrollo y factibilidad ha sido analizado en dos publicaciones recientes en las que participaron destacados expertos internacionales (Superintendencia de Salud y Henríquez et al para el Journal of Risk and Insurance).

Donde existe significativamente menos claridad técnica y política es en cómo se logrará “nivelar hacia arriba” mediante un modelo de asegurador único estatal, como es propuesto por el gobierno electo, quedando pendiente la respuesta a diversas preguntas. ¿Por qué se habla de elección si en dicho modelo existe obligación de entregar los recursos a una única entidad, a atenderse en un único consultorio (¿o quizás dos?) y no se permite consultar directamente a un especialista? ¿Qué hace el paciente cuando el Estado no responde si, por ejemplo, sus medicamentos no están disponibles como sucede actualmente? ¿Cómo se logrará cobertura inmediata de medicamentos para todos —incluyendo a los tres millones de beneficiarios de isapres—, como lo señaló el futuro subsecretario de Salud Pública en una reciente columna?

¿Solo por un cambio en los gobernantes se modificará la eficiencia de manera instantánea en los organismos del Estado en salud? Porque ello requiere la modernización de las capacidades del sector público, mediante múltiples cambios regulatorios y culturales, a los que la coalición entrante se ha negado, por ejemplo, rechazando modificaciones que mejoren los incentivos, atribuciones y gobernanza de los hospitales y consultorios. ¿O se hará mediante un aumento de recursos inmediato, incrementando las contribuciones, reformas tributarias o ambas, lo que, por lo demás, no asegura mejorar las capacidades ni resultados?

Estas son solo algunas de las interrogantes que deberán responderse para comprender cómo tal sistema podrá cumplir con lo prometido y no “nivelar hacia abajo”.

Josefa Henríquez
Universidad de Newcastle (Australia)

Francesco Paolucci
Universidad de Newcastle (Australia)