Que el Presidente electo sea el más futbolero que ha conocido la historia de la nación es un hecho de la causa. Más allá de los afanes propietarios del actual Mandatario, la pasión de tablón de Gabriel Boric ha alentado esperanzas de una acción más decidida de parte del Ejecutivo para remediar algunos males endémicos de la actividad, lo que puede parecer un exceso de entusiasmo.

Partamos aclarando que nadie hizo más por el fútbol que Michelle Bachelet -que no tenía bandera futbolera- al dotar de estadios fiscales a casi todos los clubes de regiones. Y que aspirar a que el futuro Presidente separe la Federación del Consejo de Presidentes puede parecer una invocación desesperada, pero poco probable por el ordenamiento jurídico de la industria. Por más que ya no existan pretextos para seguir dilatando una medida tan necesaria como urgente, y donde todas las últimas directivas de Quilín hicieron mutis por el foro.

Es razonable pedirle a un gobierno interesado real y desinteresadamente en los temas del balón dos medidas urgentes. La primera es la modificación de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas para posibilitar la real participación de los socios, algo que estaba asegurado en el proyecto original. Pero, por sobre todo, que se haga transparencia en la propiedad de las instituciones y un eficiente control de las transferencias de propiedad. Seguir a oscuras en un aspecto tan importante no solo es impresentable, sino sencillamente inexplicable.

El segundo punto en que Gabriel Boric debería intervenir es en el control de la violencia en los estadios, porque el Plan Estadio Seguro ha sumado sólo derrotas vergonzosas y ningún avance objetivo en el presente siglo. La evidente relación entre las barras bravas y las instituciones, y entre los anarquistas de estadio con los violentistas en las calles jamás ha sido investigada y puso en evidencia la falta de inteligencia de las fuerzas policiales y de voluntad de los políticos a cargo. No mencionamos en esta ecuación a los propietarios de clubes, que han remado de manera activa y entusiasta para que todas las iniciativas que pudieron implementarse fracasaran y para que jamás hubiera sanciones efectivas contra los que provocaron desmanes.

Son dos materias puntuales, específicas y claras. Donde el capital político de las futuras autoridades será determinante y en el cual los leguleyos no podrán argumentar “intervención” ni “presión indebida”, pues en ambas la Asamblea de Quilín perfectamente podría ser ignorada por notable abandono de deberes, en ambos casos.

Pedirle más que eso al Presidente sería injusto. Pero si resuelve estos dos temas, le quedaríamos eternamente agradecidos. En serio.