Un nuevo estatuto sobre migraciones está en condiciones de entrar en vigencia, luego de que la Contraloría General de la República tomara razón, ayer, de su reglamento. Destacable fue el despacho de la ley por el Congreso, donde estuvo entrampada por casi 8 años, congelada durante el gobierno anterior. Algunos parlamentarios opositores, incluyendo el Presidente electo, retardaron la publicación de la ley recurriendo al Tribunal Constitucional. El nuevo texto, sustitutivo del vigente por 46 años, desde 1976, objeto de amplio debate, demostró que en una materia de alta complejidad son posibles acuerdos entre el oficialismo y sectores de la oposición, en este caso, para responder al creciente desafío migratorio, que en los últimos años se ha quintuplicado, para representar cerca del 8% de la población, más de un millón y medio de residentes extranjeros.

El consenso legislativo ejerció el principio internacional de una migración ordenada, regular y segura; donde el Estado queda en condición de promover los derechos, deberes y obligaciones de los extranjeros; con sinceramiento de sus antecedentes para vivir en Chile, según visas flexibles obtenidas online en consulados, y con cédula de identidad desde el primer día de su avecindamiento. Importante es la posibilidad de reconducción en la frontera de migrantes irregulares por Carabineros y la clarificación de sus procesos de expulsión, cuya ineficacia y vacíos por la legislación anterior permitieron la interpretación de una equivocada señal de tolerancia de los ingresos irregulares y clandestinos, cuyo tránsito interregional ha causado crecientes pérdidas de vidas, indignidades, colapso de servicios esenciales, crisis y conflictos con la población local, especialmente en la frontera norte y poblados cercanos.

Relevante en el debate fue la consideración de las negativas consecuencias del descontrol migratorio a mediados de la década pasada que favoreció el avecindamiento de falsos turistas, decenas de miles expuestos posteriormente al desamparo, abuso, hacinamiento y a la informalidad, causante de ocupación ilegal de bienes públicos y privados y de competencia desleal en el empleo de trabajadores chilenos, presionando a la baja en las remuneraciones de los no calificados. Decenas de miles de extranjeros han sufrido esas condiciones. Miles regresan a su país de origen o intentan ingresar a Norteamérica.

También estuvieron presentes en la discusión el aumento sostenido de la presión migratoria por el deterioro económico de la región, especialmente en Venezuela, por el régimen de Nicolás Maduro.

La tarea pendiente del próximo gobierno es la eficiente puesta en marcha del estatuto migratorio, con normativas nuevas para las autoridades fronterizas, la justicia y el nuevo Servicio Nacional de Migraciones, cuyo funcionamiento ha significado un positivo cambio en la gestión migratoria.