Debí hacer la necesaria, interminable y mal organizada fila en el aeropuerto para reingresar al país y pensé, inevitablemente, cómo se resistieron los barristas que protagonizaron en el mismo Pudahuel una riña a cuchillo para no intentar una “estampida” y así eludir el cumplimiento de la norma. Los mismos funcionarios de Pudahuel me relataban, aún con sorpresa, la violencia del episodio, pero sobre todo que no hubiera detenidos, sanciones ni que se les haya impedido abordar su vuelo. Y es que no solo en el fútbol la impunidad se impone.

La semana pasada el consejo de presidentes se autoimpuso reglas para remediar las escandalosas medidas de la temporada anterior. Las resoluciones por secretaría, por ejemplo, que colocaron a Huachipato en el libro de Guinness de los cuadros que más rápidamente perdieron y recuperaron la categoría en la historia del fútbol. O la disparidad de criterios que existieron para investigar y sancionar los dobles contratos, que deberá dirimir el TAS, ante la distinta, dudosa e incomprensible acción de nuestros tribunales futboleros, que otra vez se movieron en las tinieblas.

También hubo corrección —y necesaria— para los casos de covid-19. Este año ya no habrá equipos con juveniles/infantiles en cancha, pues era necesario establecer un procedimiento que impidiera que el mismo Colo Colo dictara las reglas (como en 2020 contra Antofagasta) o las sufriera (como contra Audax en 2021). Veremos si funciona con la rectitud que la pandemia y la industria merecen.

Donde no hubo cambios mayores ni significativos fue —otra vez— en la violencia. No hay, y sospecho que nunca habrá, decisiones claras en las bases de los torneos en contra de los desmanes de las barras. ¿En qué habrá quedado la invasión de cancha de la Garra Blanca en Antofagasta y la destrucción de parte de las gradas del Calvo y Bascuñán? ¿O es que las salvajadas cometidas en una temporada no tienen sanción en la otra? No será este el año en que se tipifique la responsabilidad de los dueños de los clubes con los destrozos, ni se establezca una sanción deportiva (y no administrativa o económica) a quienes impidan desarrollar el juego.

No será esta vez cuando se tipifiquen adecuadamente los castigos para quienes atenten contra una infraestructura que, dicho sea de paso, a la mayoría le llegó gratis. Y, sobre todo, cuando ya quedó demostrado que la acción de ciertas barras puede incluso interrumpir campeonatos sin que a las sociedades anónimas les importe demasiado, porque es el gran tema que no supieron —ni sabrán— resolver por sí solas. Seguramente será tarea del próximo gobierno definir si le da oxígeno o si le apaga los respiradores al moribundo y fallido “Estadio Seguro”.

Un último apunte. Los “nuevos” dirigentes de la U no dejaron pasar la oportunidad de sumarse a la histórica tendencia de lanzar un volador de luces —sin terreno, sin sustento, sin proyecto, sin financiamiento— para construir un estadio. Así, como dicta la tradición, la culpa siempre será de los otros que no tuvieron la voluntad de acoger una entelequia que siempre genera simpatías. Y deja, al menos, una nueva maqueta. Pensé que serían más originales, pero es injusto, porque no los conozco demasiado.