El fervor con que algunos súbitamente han abrazado un aspecto de la responsabilidad fiscal —no gastar lo que no se tiene— sería encomiable si no se hubiese notado tanto que era simplemente para justificar la creación de un nuevo impuesto. Pero el mantra de moda, eso de asegurar ingresos permanentes para gastos permanentes, a veces esconde el encanto de los espejismos.

Después de un período en que, casi como nadie en el planeta, los chilenos hemos gastado lo que teníamos y lo que no teníamos con motivo de la pandemia, es fácil olvidar que prepandemia llevábamos más de una década gastando más que nuestros ingresos, generando un déficit fiscal persistente.

Muchas voces se acercan a la conversación sobre este tema eludiendo realidades evidentes pero políticamente incómodas: 1) que las deudas tienen su origen en gastos y que no es sustentable un escenario en que no hay valor político para cuestionar los gastos; 2) que no basta con “parear” nuevos gastos con nuevos ingresos tributarios que solo son “permanentes” en el papel, porque en la realidad las actividades y bases gravadas con esos impuestos terminan migrando; 3) que una de las principales y probablemente más confiable fuente de financiamiento fiscal es la reasignación y repriorización del gasto público en función de nuevas realidades.

Cualquiera que recuerde cuánto esperaba recaudar el alza de impuestos impulsada en Bachelet II, versus lo que efectivamente se terminó recaudando con ella, sabe que poner un guarismo de ingresos esperados por escrito no lo hace ni real ni mucho menos permanente. Reasignar con visión y coraje político ofrece la certeza de recursos con los que ya se cuenta en lugar de seguir apostando, y normalmente errando, al espejismo de conseguir mayores ingresos.

Además, para lograr una realidad en que efectivamente los gastos permanentes estén financiados con ingresos permanentes urgen grados de información y reglas fiscales que hoy no existen.

¿Cómo evalúa la autoridad hoy si hay espacio fiscal para nuevos gastos futuros? Además de estimar los gastos derivados de leyes permanentes y los requeridos para la continuidad operacional del Estado, se debe estimar el gasto fiscal potencial de las reformas legales en discusión en el Congreso. Este último ítem consiste hoy en un listado de 74 iniciativas, muchas de larga data, cuyas estimaciones de gasto originales se reflejaban en informes financieros que probablemente han ido quedando completamente obsoletos y desfasados de la realidad fiscal. Es decir que la autoridad hace las cuentas futuras y toma decisiones mirando un número que incluye la suma de todos los desajustes con la realidad de dichos informes. A veces termina multiplicando el impacto de esos errores, a veces supone comprometidos recursos amarrados a iniciativas que nunca se aprobarán. Hacer ajustes fiscales indispensables, reasignar recursos, considerar nuevas prioridades políticas… todo aquello sería más fácil y eficaz con grados de información superiores a los actualmente disponibles. Conseguirlos sería una meta políticamente muy valiosa en sí misma para el país.

De más está decir que los “gastos permanentes” lo son por décadas y que las proyecciones de ingresos difícilmente son certeras más allá de un par de años, y la suma del paso del tiempo con terremotos, crisis económicas, fluctuaciones en el precio del cobre, crisis políticas, etc., va transformando cálculos antiguos en cuentas que de alegre tienen poco. Claramente, la regla fiscal que tenemos hoy ha sido insuficiente y se debiera evaluar complementarla, por ejemplo, con un límite al crecimiento de la deuda, o bien con un techo a la misma. Ello obligaría efectivamente a realizar esfuerzos serios en materia de reasignación y repriorización de gasto cuando las estimaciones de ingresos reales son menores a los estimados.

Por ahora, las apariencias de rigor fiscal en la discusión de los últimos días sobre el financiamiento de la PGU hay que ponerlas en la perspectiva que importa: el nuevo Gobierno anuncia su voluntad de aumentar el gasto público en 5 puntos del PIB, junto con su declarada esperanza de aumentar la recaudación fiscal en 5 puntos del PIB.

Algunos querrán ver ahí, con solo decir una frase, lograda la meta de equilibrio fiscal.

En la realidad, conviven dos datos: pocas razones para dudar de la capacidad de la política de aumentar el gasto público en montos sin precedentes, y falta de precedentes de la capacidad de aumentar la recaudación fiscal equivalente. Y creer que esto se puede conseguir correteando a los que emprenden e invierten es caer en la trampa del espejismo de los “ingresos permanentes”.