La Convención Constitucional deberá abocarse a construir un nuevo sistema institucional republicano que incorpore las aspiraciones de amplia participación de mujeres, equidad de género, pueblos originarios y regiones. A su vez, se deberá recuperar y fortalecer el poder de agregar y representar intereses de los partidos políticos. Es necesario buscar una propuesta incluyente y coherente que dé espacio a estas múltiples demandas.

Las reformas que se aprueben al Congreso abren una oportunidad de perfeccionar el sistema bicameral y de integrar estas dimensiones. Para ello proponemos una Cámara de Diputados elegida de acuerdo con el principio de una persona un voto, con una relación estricta entre número de ciudadanos y representantes, recogiendo el principio de una persona un voto y con una representación paritaria en ese órgano, acogiendo el principio de la igualdad de género.

Para la determinación de los distritos para la Cámara de Diputados, se dividiría la población nacional por 150. Y la división del número de habitantes de cada región por el cociente resultante daría el número de diputados por región. Cada región tendría el menor número de distritos de cinco, cuatro, tres y dos diputados, agrupados por comunas o agrupación de comunas contiguas. Así, cada diputado representaría el mismo número de habitantes.

Proponemos también un Senado de acuerdo con los principios de representación regional y de participación de los pueblos originarios, compuesto por tres senadores elegidos en cada región y con siete representantes de los pueblos originarios, elegidos nacionalmente por aquellos que se autoidentifiquen como tales.

La labor legislativa correspondería principalmente a la Cámara de Diputados de elección popular paritaria. El Senado tendría funciones revisoras, de aprobación de tratados y de nombramientos, fortaleciendo la visión regional y de los pueblos originarios.

La regionalización se vería fortalecida si se establecieran nueve macrorregiones (Desierto, Valles Transversales, Valparaíso, Metropolitana, Valle Central, Biobío, Araucanía, Los Lagos y Austral) con suficiente envergadura (población y territorio) para recibir importantes competencias y recursos del Gobierno central.

Los gobernadores regionales deberían tener atribuciones claras, desapareciendo los delegados presidenciales. A su vez, los Consejos Regionales elegidos por votación popular deberían tener una composición paritaria e incorporar representantes de los pueblos originarios que habiten en esa macrorregión: en Desierto (aimara, quechua, lican antay o atacameño y chango), en Valles Transversales (diaguita, coya, chango y mapuche), en Valparaíso (rapanuí, chango y mapuche), en Metropolitana (mapuche), en Valle Central (mapuche), en Biobío (mapuche), en Araucanía (mapuche), en Los Lagos (mapuche) y en Austral (mapuche, kawesqar y yagán o yámana).

La autonomía regional debe conjugarse con el principio de la unidad del presupuesto y de mantener el equilibrio fiscal. En la organización de los gobiernos regionales deberá asegurarse una adecuada distribución de competencias entre las principales ciudades de cada región. Será también necesario el fortalecimiento de las normas de control y transparencia a nivel regional y fortalecer las Contralorías Regionales para mejor supervisar legalidad y probidad.

Para incentivar partidos políticos fuertes se reformaría el sistema electoral prohibiendo los pactos entre partidos en las elecciones y se establecería un umbral del 5% de la votación en las elecciones de diputados para determinar la continuidad de un partido. Se debería también regular en forma más exigente la regularidad de los procesos internos y dotar al Servicio Electoral de atribuciones y recursos para supervisar su funcionamiento. Varias de estas normas deberían integrarse como disposiciones constitucionales transitorias y solo ser modificables a partir del segundo período legislativo correspondiente de la Cámara y al Senado, para que en su aprobación no influya el interés del incumbente.

Solo incorporando en una visión de conjunto los principios de representación ciudadana con la igualdad de género, la participación de los pueblos originarios y una fuerte voz y capacidad de las regiones, nuestra nueva Constitución podrá responder coherente y eficazmente a estas múltiples demandas que vienen del Chile de hoy.

El autor pertenece al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile