En forma unánime, la Comisión de Minería y Energía del Senado ha aprobado en general un proyecto del cual sus integrantes son autores y que, en su escueto artículo único, prohíbe la inyección de energía producida con combustibles fósiles al sistema eléctrico a partir de 2030. Con ello se pretende ayudar a la lucha contra el cambio climático.

Como suelen ser las soluciones fáciles, pero que buscan generar impacto comunicacional, este es un mal proyecto. Aborda una problemática real, pero cuya verdadera solución es compleja y, por lo tanto, resulta menos atractiva que esta propuesta senatorial. En efecto, no cabe duda de que el país debe contribuir a la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, esto debe hacerse con rigor, estudiando la factibilidad de las distintas alternativas, desechando aquellas que carezcan de viabilidad y examinando más opciones. Revelador es que, en la introducción del proyecto, los parlamentarios citen, a modo aparentemente ejemplar, las legislaciones de Argentina y Perú, países cuyos esfuerzos de inversión en energías solares y eólicas son inferiores a los nuestros, omitiendo además que el primero está en proceso de desarrollar sus enormes yacimientos de gas en Vaca Muerta, mientras el segundo subsidia el gas proveniente de Camisea.

Los senadores deberían haber consultado con los expertos del sector, que han estudiado los distintos escenarios para avanzar en la descarbonización y sus costos, los que incluyen el adelantamiento de inversiones en almacenamiento eléctrico y en líneas de transmisión, las que enfrentan dificultades para ser instaladas en plazos cortos. Por cierto, la mayor parte de los estudios suponen la posibilidad de usar centrales a gas y diésel durante la transición a un sistema descarbonizado; es un supuesto razonable, pues no hay países que tengan en sus planes a 2030 eliminar todos los combustibles fósiles de su matriz eléctrica. Pero si estos —como propone el proyecto— también se eliminan, las dificultades se multiplican, pues no solo se hace necesario aumentar bruscamente las inversiones en energías renovables, sino que, incluso efectuando estas, a menudo se deben realizar cortes de suministro durante la noche. Esto, porque el costo de almacenamiento para enfrentar períodos nocturnos con poco viento resulta tan alto que puede ser preferible cortar el suministro a algunos usuarios. El punto parece no haber sido considerado por los senadores.

Peor aún, los estudios anteriores son optimistas, y la situación puede ser peor que la allí proyectada, porque los expertos usan modelos que suponen que gran parte de las nuevas inversiones serán en energía eólica, que aunque no es permanente, puede operar durante la noche. Sin embargo, las reglas actuales favorecen a las centrales fotovoltaicas, que no lo hacen. Tampoco hoy se remuneran apropiadamente las unidades que combinan energía solar con baterías, o los planes de estaciones de bombeo, que podrían ayudar a la transición.

Los senadores parecen olvidar que, pese al avance de la electricidad no convencional, nuestro sistema sigue dependiendo de la pluviosidad. De hecho, la actual emergencia eléctrica es el resultado de una megasequía. Hace poco el sistema estuvo a punto de colapsar, porque casi toda la capacidad disponible —incluyendo unidades a petróleo— estaba siendo utilizada. Las centrales diésel y de gas ayudan a enfrentar problemas de suministro en algunos eventos y sin ellas el sistema debe racionar la electricidad; como se trata de situaciones excepcionales, las emisiones de gases de efecto invernadero son limitadas. En el futuro, estas centrales podrían ser finalmente reemplazadas por almacenamiento en baterías o en centrales de bombeo, además de mayor inversión en transmisión. Para ello, sin embargo, es necesario proveer los incentivos adecuados, acoplados con impuestos al uso de combustibles fósiles, que desalienten su uso. Ello requiere más trabajo legislativo que aprobar una ley de veinticinco palabras.