El avance de la discusión presupuestaria en el Congreso permite ya anticipar el escenario fiscal que enfrentará la próxima administración. Mientras al cierre de 2021 la deuda pública alcanzará el 34,9% del producto y el balance estructural el 11,5%, las proyecciones indican que al 2022 las cifras llegarían al 37,5% y 3,9%, respectivamente. El crecimiento, por su parte, pasaría desde un extraordinario rango de 10,5-11,5% este año, a un mediocre 1,5-2,5%, el próximo.

En este escenario, la realidad económica de Chile verá un giro importante. El impulso fiscal de la actividad, sostenida este año por cuantiosas e inpeditas transferencias, no estará disponible: los fondos soberanos han sufrido una importante merma. Por otra parte, la política monetaria ya ha comenzado un proceso de normalización —el consejo del Banco Central aumentó la tasa rectora hasta el 2,75% el mes pasado—, que deberá ser extendido y probablemente acelerado para combatir el alza inflacionaria, que debería cerrar este año en torno al 6,5%. Lo anterior, en un escenario en que el mercado laboral, si bien se ha recuperado, aún enfrenta importantes desafíos. Por de pronto, de acuerdo con el INE, más de 360 mil jóvenes menores de 25 años no trabajan ni estudian.

De este modo, los desafíos económicos de corto plazo de la siguiente administración, cualquiera sea su color político, serán los mayores en décadas. Tal como lo reconocieron la mayoría de los candidatos presidenciales ayer en la Enade, retomar el dinamismo económico es una urgente prioridad. Sin embargo, sin la aprobación de reformas procrecimiento durante los primeros meses de la siguiente administración y con una Convención Constitucional en la que una parte relevante de sus miembros han mostrado ignorancia en materias económicas centrales, es difícil anticipar un cambio en las perspectivas para 2022. Por cierto, una profunda modernización del Estado sería un hito que podría modificar las expectativas, pero la polarización del debate hace poco probable que una agenda en la materia genere acuerdo transversal.

La misma polarización hace anticipar un complejo escenario para el retiro de los apoyos fiscales. La extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) hasta este mes (con último pago en diciembre) fue, en último término, una decisión política electoral que dio paso a un IFE laboral. Así, una de las primeras medidas de la siguiente administración será ofrecer un reordenamiento y rediseño de los subsidios laborales para asegurar que los recursos públicos sean destinados a programas que fomenten el empleo formal. La coordinación de los ministerios de Desarrollo Social y Trabajo, bajo la mirada atenta de Hacienda, es condición necesaria para llevar a cabo los cambios.

En materia previsional, el desafío también es de envergadura. Los retiros de fondos representan el mayor daño a las políticas públicas infligido desde el retorno a la democracia. Por la irresponsabilidad parlamentaria, más de US$ 50.000 millones han sido sacados del sistema. Este gigantesco monto es consistente con las estimaciones de la superintendencia del ramo que sugieren que un cuarto retiro dejaría a más de 4,5 millones de personas sin ahorro previsional. Será importante desarrollar, en materia de pensiones, una estrategia realista que, por una parte, termine con las visiones refundacionales y, por otra, realice ajustes importantes que le brinden seguridad a la población respecto de los pasos para configurar un sistema sustentable en el largo plazo. El consenso respecto de la constitución de un pilar solidario en torno a una Pensión Básica Universal parece sólido. Del mismo modo, la extensión de la edad de jubilación y el aumento de la tasa de contribución deberían ser parte de la agenda. Esta debería considerar la experiencia y resultados de las AFP, no para desmantelar el pilar contributivo, sino para evitar caer en sistemas probadamente insostenibles en el mediano plazo.

Por último, el retorno a un sistema educacional presencial, en todo nivel y a lo largo de todo el país, aparece como un desafío prioritario para los primeros 100 días de la siguiente administración. La perturbación de los procesos educativos en los últimos dos años, amplificada por un gremio que parece no internalizar el costo social y económico asociado, debe terminar. El año escolar 2022 requerirá tener a los estudiantes en las salas de clase para hacerse cargo de compensar la pérdida de capital humano. También en esta área, sin disponibilidad amplia de recursos, lo esencial será la gestión.