Fue finalmente presentado el programa presidencial de Gabriel Boric. Sus planteamientos iniciales habían sido retirados, a la espera de los resultados de distintas instancias de participación y la incorporación de propuestas de sus aliados políticos. Además, se iban a establecer prioridades. En esta dimensión, la nueva versión no logra sus objetivos. Adicionalmente, sigue siendo un texto impreciso, con iniciativas y aseveraciones cuyos alcances son difíciles de evaluar, o que, en otros ámbitos, resultan equivocadas atendido el estado de desarrollo social, político y económico del país.

Se deja entrever, en distintos pasajes, un ánimo dirigista, que busca ejercer la conducción de diversos asuntos mediante la creación de distintas entidades burocráticas o de instituciones cuyo aporte efectivo parece muy discutible. Se señala, por ejemplo, que se crearán “comisiones de transición justa de modelo de desarrollo” o “comisiones de justicia laboral”, las que pretenden, en rigor, moldear la forma en que se despliegan las actividades productivas. En definitiva, estas propuestas suponen controles importantes de las interacciones voluntarias y de las decisiones que toman distintos agentes sociales y económicos. A esto se agrega una serie de excepciones —a propósito de medidas generales, como el aumento del salario mínimo— para las pequeñas y medianas empresas, lo que solo generará grandes distorsiones.

La insistencia en un Banco de Desarrollo que financie nuevas innovaciones productivas confirma esa mirada dirigista. Son, por cierto, preocupantes los escasos avances que durante la última década registra la productividad total de factores, pero asumir que las burocracias estatales van a lograr reunir el conocimiento para acertar en estas decisiones supone una soberbia intelectual propia de los autoritarismos ilustrados. En los últimos 250 años, las innovaciones y el progreso económico y social provienen —salvo casos muy esporádicos— de la interacción libre de las personas. No hay evidencia de que estos bancos logren resultados similares y, en cambio, no son pocos los casos en que terminan capturados por intereses particulares. Sorprende, además, que se proponga la creación de empresas públicas regionales de construcción sustentable o una empresa pública comercializadora de materiales de construcción, además de un conjunto de empresas municipales en áreas de utilidad pública. No es claro qué problemas vienen a resolver (los mencionados en el texto no siempre son correctos o tienen otros orígenes) y la experiencia histórica sugiere que generan nuevos. Se propone, además, crear una empresa nacional del litio, cuya inversión, que es cuantiosa, no está dimensionada.

El programa no hace un esfuerzo —debilidad también presente en otras candidaturas— por cuadrar las cuentas fiscales. Los ingresos tributarios parecen estar sobreestimados y las promesas de gasto público son generosas: solo las de cultura y ciencia y tecnología requerirían más de un punto porcentual del PIB, y luego hay que sumar iniciativas de gran gasto, como las que están implícitas en educación, salud, condonación del crédito con aval del Estado, transporte público gratuito, la creación de un sistema nacional público de medios —cuya justificación es poco convincente— y, más temprano que tarde, pensiones, entre muchas otras. Llama la atención, además, que no se considere como un impuesto la cotización previsional de 18 por ciento, que iría ahora a un fondo común de financiamiento previsional, con lo que operaría, en la práctica, como un impuesto al trabajo, incentivando una informalidad que ya es alta en Chile.

En materia de delincuencia —la principal preocupación de la población—, la propuesta es débil y parte de premisas equivocadas respecto de, por ejemplo, el crimen organizado. Plantea, además, refundar las policías sin entregar mayores lineamientos, aunque se insinúa el involucramiento de gobernadores y alcaldes en la gestión. Abunda así la imprecisión respecto de cómo se va a asegurar el orden público. El enfoque parece orientado por la prevención, la que se lograría por medio de otros instrumentos. Sin embargo, las propuestas al respecto en política social son casi inexistentes y de dudoso impacto, como es el caso del reemplazo del sistema de financiamiento de las instituciones cuidadoras de niños desprotegidos.

En fin, se trata de un programa que genera más dudas que certezas.