Señor Director:

Los abajo firmantes, exministros de Educación, directivos escolares y especialistas en el tema, por su intermedio expresamos al Congreso nuestra gran preocupación por lo que está ocurriendo. Se está promoviendo una legislación que ciertamente afecta el aprendizaje de los alumnos.

En el reciente proyecto de reforma del Estatuto Docente, junto con algunas mejoras laborales razonables y necesarias, se introdujo la eliminación del despido cuando el docente tiene tres malas evaluaciones consecutivas… a lo largo de ocho años, en que este hizo escaso esfuerzo por perfeccionarse.

Tomó más de una década y varias huelgas hasta que la Concertación logró concordar esta evaluación docente con el Colegio de Profesores, en 2005. Y ahora, parlamentarios de oposición y de gobierno echan abajo uno de sus pilares.

Su consecuencia será la impunidad académica al interior de la escuela subvencionada, especialmente la pública. Sus directivos y sus mejores profesores carecerán de herramientas para lidiar con aquellos docentes que no responden a los esfuerzos del equipo para mejorar la calidad.

Esta nueva ley debiera más bien perfeccionarse para fusionar las dos leyes vigentes de evaluación docente (un absurdo), profundizar la evaluación que hoy es un mero trámite, ayudar a la retroalimentación formativa del profesor, promover modelos educativos basados en habilidades del siglo XXI, y mejorar la obsoleta formación en las carreras de pedagogía. Es decir, legislar para perfeccionar y no para retroceder.

En el largo plazo, con esta legislación errónea y que mira por el retrovisor, se continuará destruyendo en particular la educación pública, y se estimulará la migración de apoderados y alumnos hacia la particular subvencionada. La república es la que pierde.

Mariana Aylwin; Harald Beyer;
Andrea Butelmann; Carlos Castro;
Adriana Delpiano; Sylvia Eyzaguirre;
Ignacio Irarrázaval; Sebastián Izquierdo;
Fernando Prieto; Tomás Recart;
Claudio Reyes; Pablo Rodríguez A.;
Carlos Romero; Claudio Seebach;
Mario Waissbluth