El Presidente Sebastián Piñera deberá enfrentar, por parte de la oposición, la segunda acusación constitucional en su contra en menos de dos años. La primera fue a fines de 2019 ante los hechos registrados a contar del 18 de octubre, la que se rechazó. Veintitrés meses después, será sometido a un nuevo juicio político, esta vez por Dominga.

Aunque el Gobierno ha insistido en que no existen antecedentes nuevos y que la Justicia no habría dado con ilícitos, la publicación de una investigación periodística internacional, llamada Pandora Papers, reavivó la controversia. Carlos Alberto Délano participó de la operación realizada, una parte de ella, en Islas Vírgenes Británicas, la que habría contenido una cláusula que condicionaba el pago de una tercera cuota a la no existencia de cambios regulatorios en materia ambiental.

Son esos aspectos los que recoge el escrito de la presentación, la que considera dos capítulos: en el primero, sobre probidad, se le acusa de infringir “abiertamente la Constitución y las leyes al cometer actos que vulneran los artículos 8 y 19 N° 8 de la Constitución”; mientras que en el segundo, de haber “comprometido gravemente el honor de la nación al incumplir obligaciones jurídicas internacionales, así como un grave daño reputacional a la institución de la Presidencia de la República”.

Cada una de esas causales se desarrolla en 23 páginas; además, el escrito suma dos anexos principalmente con noticias publicadas en el exterior sobre el caso Dominga a partir de Pandora Papers, lo que la oposición cree da sustento al segundo capítulo por poner al país en el ojo público mundial, a través de una serie de artículos de prensa. El primero de los anexos se denomina “prontuario de escándalos públicos”, mientras que el segundo, “compromiso al honor de la nación”.

La presentación y posterior ingreso del libelo se hizo antes de las 10:00 horas de ayer. Esta vez hubo una masiva participación de los firmantes del escrito, sonrisas, y hasta los diputados PC Daniel Núñez y el DC Gabriel Ascencio estrecharon sus manos, gesto inusual entre las partes que antecedió a un aplauso cerrado por parte de los presentes.

Minutos después del ritual de la oposición, los ministros de la Segpres, Juan José Ossa, su subsecretario, Máximo Pavez, y el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, respondieron a la acusación en el mismo lugar en donde los diputados antes habían puesto una mesa para firmar sobre el libelo.

“En un medio de prensa, los asesores decían que no la presentaran, pero la quisieron presentar igual. Y, ¿por qué quieren presentarla? Para afectar las elecciones legítimas que vienen ahora, y más aún, quieren quitarles a los chilenos la posibilidad de hacer un traspaso de mando democrático y republicano. Este interés de esta izquierda radical que en el pasado ha promovido la violencia y que ha estado en contra de los acuerdos, o una Convención, no nos extraña. Sí, esperamos que los parlamentarios que creen en la democracia, que creen en la justicia, que creen en la verdad, que creen en los fundamentos jurídicos, que ellos no se plieguen a generar este clima de inestabilidad, este clima de no traspaso democrático”, afirmó Bellolio.

A esta arremetida, Pavez añadió que “es lamentable que se presente una acusación constitucional contra el Presidente solo con fines políticos, ad portas de una elección. Esta acusación electoral sin fundamentos, sobre cosa juzgada, daña nuestra democracia y la confianza en las instituciones”.

Por el contrario, quienes impulsan la presentación la defendieron. Así lo hizo Ascencio, jefe de bancada DC, al señalar que “es una acción que va a quedar para la historia. Yo apostaba a tener todos los votos a favor de la DC. Ahora subo la apuesta a tener todos los votos de la oposición”, los que suman 78; suficientes para aprobar el libelo en la Cámara lo más probable el próximo 8 de noviembre, a días de los comicios. En el Senado —que resolvería días después— requiere de 29 votos para destituir al mandatario, a cinco meses de dejar La Moneda.

Ayer mismo se sorteó a los cinco diputados miembros de la comisión que revisará la procedencia del libelo (ver perfiles), quienes acordaron constituirse el próximo martes e iniciar su labor invitando a exponer al fiscal nacional, Jorge Abbott, y al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez.