El Gobierno ha ingresado un nuevo proyecto de reforma de pensiones al Congreso. Esta vez se trata de una ley corta que busca extender el Pilar Solidario a un grupo más amplio de personas y propone, a diferencia de la propuesta previa del Ejecutivo, un mecanismo permanente de financiamiento.

Un buen sistema de pensiones debe cumplir con al menos dos objetivos: aliviar la pobreza en la vejez y evitar reducciones bruscas en el estándar de vida al jubilar. Elevar los recursos que se asignan al Pilar Solidario, al igual que la pensión básica universal que han propuesto algunos, ayuda a lograr el primer objetivo. Según el nivel al que se fijen esos mínimos, el sistema asegura condiciones básicas de vida a todas las personas al jubilar.

Los rezagos más relevantes, y que el sistema político no ha logrado resolver, están en lo segundo, un problema que se concentra en particular en las mujeres de clase media. En efecto, las jubiladas del cuarto quintil obtienen pensiones que apenas alcanzan al 25% de su salario previo, incluyendo los aportes del Pilar Solidario. Para ellas, jubilarse significa ajustar de manera sustantiva la forma en que viven. Eso no es deseable.

Elevar las tasas de reemplazo —las pensiones como fracción del salario previo— no es fácil, al menos no con los instrumentos con los que cuenta hoy el sistema. Aumentar la cotización en las cuentas individuales ayudará a quienes se jubilen en muchos años más, pero no a los jubilados actuales y a quienes están próximos a jubilarse. Asimismo, subir sustantivamente las tasas de reemplazo de la clase media a través del Pilar Solidario es fiscalmente insostenible.

A pesar del diagnóstico compartido de que las pensiones son insuficientes, la discusión sobre cómo reformar el sistema está entrampada. En los últimos cuatro años, los gobiernos respectivos han propuesto cuatro o cinco proyectos de ley para su discusión parlamentaria. Ninguno ha logrado avances sustantivos. Por su parte, el proyecto actual es insuficiente y las indicaciones discutidas no apuntan al problema de fondo. Al mismo tiempo, las candidaturas a la presidencia traen nuevas propuestas que en ocasiones parecen irreconciliables. Todo sugiere que no habrá avances reales y que la ciudadanía seguirá esperando.

En un seminario sobre diálogo social, organizado recientemente por Espacio Público y la OIT, el exministro del Trabajo del gobierno de Rodríguez Zapatero, Valeriano Gómez, relató cómo España ha logrado realizar reformas continuas a su sistema de pensiones. En palabras de Gómez, clave fue que las pensiones dejaran de ser “armas de combate” político. En su visión, eso no significa dejar las pensiones fuera del debate, sino que crear espacios de diálogo sustantivo, tanto en lo político como en lo social para poder avanzar.

El modelo español está basado en el Pacto de Toledo alcanzado en el Parlamento en 1995. El pacto consistió en un conjunto de recomendaciones respecto de cómo debe evolucionar el sistema y que contó con un apoyo político transversal. Desde entonces existe una comisión en la Cámara Baja del Congreso con representantes de todos los partidos que sigue y evalúa el sistema, y además hace recomendaciones —bastante generales— al gobierno de turno. Este, a su vez, discute y negocia las recomendaciones con representantes de la sociedad civil para convertirlas en proyectos de ley. Este procedimiento facilita los acuerdos legislativos posteriores.

El diálogo y la participación social son centrales en las sociedades democráticas. Ayudan a llegar a acuerdos duraderos en temas que no son fáciles, en los que hay visiones diversas y necesidades que en ocasiones son incluso contrapuestas. También ayuda en áreas en que la información es incompleta, en las que hay dudas e incertidumbre respecto de lo que implican —para cada uno de los actores y para la sociedad como un todo— los posibles caminos de reforma.

El país requiere innovar en la forma en que se aproxima al tema de las pensiones. Se trata de una de las demandas más sentidas por la ciudadanía; no parece aceptable que quienes se han jubilado o están próximos a hacerlo sigan esperando. Bajar las armas de combate requiere voluntad de pacto y buscar un mecanismo adecuado de gobernanza del diálogo social para abordar esta tarea.

El sistema de pensiones necesita por lo demás reformas continuas. No se trata de lograr una reforma por una sola vez. Debemos buscar maneras permanentes de diálogo social que faciliten esas reformas continuas. Los desafíos que enfrentamos en Chile son comunes a los de otros países, y podemos aprender de ellos.