La Ley 21.040, de 2017, definió que los 345 municipios debían traspasar sus planteles escolares a 70 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). En una primera etapa se crearon 11 de estos servicios, abarcando un total de 41 comunas y algo menos de 185 mil estudiantes, casi el 14 por ciento de la matrícula estatal. El año 2021 se estableció como uno de pausa para evaluar la marcha de este proceso y, eventualmente, redefinir nuevos plazos para la segunda etapa, contemplada para 2022-2025. A propósito de este hecho, alcaldes de distintas corrientes políticas, integrantes de la Asociación Chilena de Municipalidades, han planteado la posibilidad de postergar el inicio de esta segunda etapa. Aspiran a una evaluación más profunda del proceso y a una corrección de los problemas de implementación que han tenido los nuevos servicios, así como a evitar los impactos negativos que habrían tenido para los municipios. Incluso han sugerido que se podría requerir un modelo alternativo al propuesto por esa ley para alojar a la educación estatal.

Debe recordarse que en abril pasado se conoció el reporte del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, establecido en la misma ley precisamente para evaluar la marcha de la desmunicipalización. Su lectura deja en claro que el proceso ha sido muy insatisfactorio y que hay un conjunto de vacíos que no están siendo abordados. Así, propone una serie de recomendaciones para asegurar una mejor implementación. Entre otras muchas, rediseños en la ley que creó los Servicios Locales, pero también en la de Aseguramiento de la Calidad; mayor responsabilización de los municipios en el traspaso de dotación y bienes; mejorar las condiciones de las personas que ocuparían los altos cargos de los SLEP; múltiples mesas de trabajo para resolver problemas de distinta naturaleza; programas de formación de capacidades de los funcionarios de estos servicios; revisión de las contrataciones para los proyectos de infraestructura y su ejecución; impulsar un programa de formación de directores; en fin, enriquecer las dotaciones de personal dedicado a la convivencia escolar.

Estas propuestas no fueron dimensionadas económicamente y revelan una aproximación centralizada a una institucionalidad que supuestamente iba a operar de modo descentralizado para incorporar a las comunidades. A pesar de la dimensión de las tareas que había que abordar, de la falta de análisis económico y del cuestionamiento implícito al diseño institucional, el Consejo, sorprendentemente —aunque en decisión dividida—, decidió recomendar la mantención de los plazos originales, si bien introduciendo mayor gradualidad. El planteamiento de los alcaldes viene a darle una dosis de mayor realismo a la discusión. Mantener el calendario tiene el enorme riesgo de dañar el desarrollo de la educación provista por el Estado sin un beneficio evidente para sus estudiantes y el país. La institucionalidad propuesta y la transición deben ser revisadas exhaustivamente y ello hace recomendable detener la marcha de este proceso, a la espera de una alternativa mejor pensada y diseñada.