En las sociedades modernas, el grado en que las políticas y las instituciones sustentan la libertad económica determina las posibilidades de progreso. Un excesivo tamaño del Estado y una regulación desmedida, que restringen la capacidad de emprender y promueven la intervención fiscal en actividades donde el sector público no tiene ventajas comparativas, reducen la libertad económica. Por el contrario, el aseguramiento de los derechos de propiedad bajo un sistema legal sólido, el control de la inflación y la posibilidad de incentivar el comercio con el resto del planeta son todos factores que la promueven.

Son precisamente estos elementos los que recoge el Índice de Libertad Económica mundial del Instituto Fraser. En su más reciente versión (2021, construido con datos hasta 2019), los líderes de la clasificación son Hong Kong, Singapur, Nueva Zelandia, Suiza, Georgia y los Estados Unidos. Y la correlación entre la posición en el ranking y distintas medidas de bienestar refuerza la importancia de cada una de las dimensiones consideradas. A modo de ejemplo, los países ubicados en el 25% superior tienen un PIB per cápita sobre los US$ 50.000 y una esperanza de vida promedio de 81,1 años. En aquellos del 25% inferior las mismas cifras no superan en promedio los US$ 6.000 y 66 años, respectivamente. Cabe hacer notar que Bolivia (125 de 165), Argentina (153) y Venezuela (último en el ranking) pertenecen a este grupo. China, por su parte, se ubica en el puesto 116 a nivel mundial.

Es interesante también observar que entre 2010 y 2019 el planeta, como promedio, mejoró su puntuación agregada. Chile, en cambio, vio su puntaje moverse en la dirección contraria. En 2010, el país había alcanzado su mejor posición en el ranking (13), destacándose principalmente por su control de la inflación y por la convicción respecto de ser parte del comercio internacional. Sin embargo, ya en 2015 experimentaba una brusca caída (23), tendencia que se mantiene en la última versión del ranking, donde el país alcanzó solo el puesto 29. Así, Chile ha vuelto al lugar que ocupaba el 2000, confirmando el retroceso en su capacidad de sostener crecimiento y desarrollo.

Un mayor tamaño del Estado y una peor regulación aparecen como los determinantes de la caída. El estudio de los distintos subítems que conforman el ranking indica que el mayor gasto público, una menor protección a los derechos de propiedad, barreras regulatorias al comercio internacional y los cambios en la legislación laboral (probablemente el resultado de la reforma de 2016) explican la caída en nuestra posición relativa. A esto, por supuesto, se agrega que distintos países se esforzaron durante dicha década por mejorar su institucionalidad. Rumania, por ejemplo, que se destacó por altos niveles de crecimiento entre 2013 y 2019, y que ha tenido capacidad para recuperarse luego de la crisis sanitaria, pasó del puesto 39 al 26.

Ahora bien, por el período que cubre el último informe, el ranking mundial no logra incorporar el impacto de 18 meses de pandemia. Esto es importante, pues la crisis ha venido acompañada de un mayor nivel de gasto público. Esta tendencia, en principio, debería ser un esfuerzo transitorio, pero las circunstancias están siendo utilizadas por sectores de izquierda en el mundo para impulsar cambios permanentes en el tamaño del Estado. Al mismo tiempo, los desequilibrios en los mercados y una política monetaria laxa están creando presiones inflacionarias que deberían afectar el poder adquisitivo de los ingresos del trabajo, impactando las libertades individuales de consumo. De este modo, al menos por estos dos canales, es de esperar un reordenamiento en este ranking en los próximos años. Solo aquellos países que logren sostener la vista en el largo plazo verán mejorar sus indicadores de libertad económica y, por consiguiente, recuperar los niveles de bienestar de la población. En el caso de Chile, las presiones parecen desbordadas debido a la irresponsabilidad política. Y, más preocupante aún, las propuestas de conducción futura del país desconocen no solo la necesidad inmediata de reducir el peso del Estado, alivianar la regulación laboral y fortalecer la institucionalidad, sino también los esfuerzos de otras naciones por ocupar el puesto de Chile en materia de libertad económica.