A la Convención Constituyente puede ocurrirle lo mismo que a otros órganos representativos como el Parlamento. Su imagen y prestigio institucional pueden dañarse fácilmente por comportamientos impropios, atrabiliarios e irracionales de cualquiera de sus miembros o grupos de ellos, por minoritarios que sean.

Nuestro Congreso Nacional ha sufrido fenómenos de este tipo con alguna frecuencia —revoloteos en la sala, abundantes selfies, eclosión de pancartas, coloridos disfraces, en fin, la levedad del ser congresista—, combinados con conductas ideológicamente confusas o de franca liviandad ante la seriedad de los asuntos en juego (1º, 2º, 3º ¿y ahora 4º retiro?, por ejemplo).

A esto se agrega el gusto excesivo por el espectáculo confrontacional y la retórica adversa. Con ello se crea la impresión de una asamblea ruidosa, enredada en sus propios conflictos, incapaz de generar acuerdos y, por ende, improductiva.

De allí resulta el desprestigio de la política, de la función parlamentaria y de las y los señores congresistas. No solo de aquellos situados en la primera línea de los comportamientos destructivos, sino de la institución en su conjunto. Cae la confianza en ella y crece la opinión pública desfavorable.

La Convención corre el mismo riesgo si fracciones de sus miembros, y algunos convencionales individuales, persisten en ofrecer una imagen pronunciada de constantes refriegas y microclima jacobino. La creencia de que en los salones del palacio convencional se hallan vivos los ecos del estallido del 18-O, y que allí dentro sopla el espíritu de la revuelta que mueve a hablar en lenguas, es absurda y tiene efectos negativos. Lleva a desplantes sectarios, a un autoritarismo disfrazado de moral, a imponer códigos políticamente correctos, y a cancelar y funar a legítimos contradictores.

Al final, la imagen institucional se distorsiona. Las minorías rupturistas y jacobinas tienen la fuerza para dañar la Convención, pero no el poder para conducirla. Pueden agitar, no articular; hacer ruido, no persuadir.

En este cuadro, una mayoría parece ir emergiendo del debate de las comisiones y sobre las reglas, en los plenarios y frente a los comportamientos más infantilmente rupturistas. Próximamente deberá demostrar si, además, posee la capacidad de dar gobernabilidad a la Convención y llevarla exitosamente hasta su fin. Esto es, a producir un texto constitucional con amplios acuerdos (2/3 y más) que mañana asegure, adicionalmente, gobernabilidad del cambio y el crecimiento del país.

Tal es la enorme tarea que se levanta frente a una generación —de izquierda a derecha— cuya primera prueba será lograr un acuerdo para reformar las instituciones que aseguren los siguientes 30 años de transformación pacífica de la sociedad. Veremos si esta generación está a la altura de sus ambiciones.