Los antecedentes conocidos hasta ahora sobre posibles irregularidades en la municipalidad de Vitacura revisten la mayor gravedad. Una querella presentada por el director jurídico de ese municipio detalla un conjunto de situaciones vinculadas con el uso de subvenciones entregadas por esa corporación edilicia a los programas Vita, que prestan servicios a los vecinos en áreas como el deporte o la salud. El libelo —dirigido contra quienes resulten responsables de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco— da cuenta de desórdenes administrativos, pagos efectuados sin aparente contraprestación y denuncias de falsificación de firmas. Además, incluye la autodenuncia de una exfuncionaria de confianza de la administración anterior, quien señaló haber recibido durante tres años, mensualmente, sobres con dinero en efectivo que supuestamente ella luego entregaba al ahora exalcalde Raúl Torrealba.

Ciertamente, el caso exige un riguroso y completo esclarecimiento a través de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, de modo tal de establecer con precisión los hechos y las eventuales responsabilidades involucradas. En este contexto, el exedil ha señalado su disposición a colaborar con la justicia, pero ha evitado entregar públicamente su versión de lo ocurrido, “la que, por el respeto que me merece la fiscalía, daré a conocer en el momento oportuno”. Con todo, si por una parte la visibilidad de un municipio como Vitacura y de la propia figura de Torrealba —quien dirigiera la comuna por 25 años— otorga particular notoriedad a este caso, sus alcances trascienden aún más allá, pues confirman las preocupaciones y voces de alerta respecto de problemas que se acumulan en los gobiernos comunales. En efecto, estudios de opinión han mostrado una alta percepción de corrupción, la que parece confirmarse con la ocurrencia más o menos recurrente de escándalos que afectan a municipalidades, sea por irregularidades en sus procedimientos o por mal uso de los recursos públicos. Por el rol que juegan estos organismos en la vida cotidiana de las personas, cada una de esas situaciones supone un daño directo a los ciudadanos.

Llama la atención en este caso que, una vez más, la Contraloría no haya podido detectar situaciones tan graves como las que se denuncian. Ello reviste una paradoja, pues los mismos municipios se quejan por la excesiva burocratización que les implica la actuación y controles de ese organismo. En este sentido, también se confirma la falta de contrapeso que significa la figura de los concejales en la orgánica municipal, cuyas escasas atribuciones no han significado una institucionalidad que permita fiscalizar con eficacia a los alcaldes. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario y son los concejales quienes resultan capturados por los jefes comunales. Todo ello configura un escenario propicio a las irregularidades.

Casos como este, por otra parte, confirman la conveniencia de establecer límites a la reelección de autoridades ejecutivas. La experiencia muestra que la no renovación de equipos suele derivar en un relajamiento de los controles y tender incluso a una suerte de institucionalización de prácticas condenables. Por cierto, el solo recambio edilicio no asegura la probidad ni la transparencia, pero sí abre mayores posibilidades para la detección de situaciones anómalas, especialmente cuando se produce una alternancia de coaliciones políticas. De hecho, no es poco común que ediles debutantes dediquen sus primeras semanas de gestión a cuestionar a sus antecesores de signo opuesto, si bien ese mismo hecho puede restarles credibilidad a sus denuncias. Por todo ello, es particularmente destacable lo ocurrido en Vitacura, donde la actual alcaldesa, pese a compartir coalición con Torrealba, ha actuado con decisión para sacar a la luz estos hechos y perseguir las eventuales responsabilidades penales.