El país transita hacia un objetivo trascendente, nada menos que consensuar el nuevo orden institucional que nos regirá en las próximas décadas.

Tema central del libro del ya fallecido historiador Gonzalo Vial “Chile. Cinco siglos de historia”, donde analiza nuestra historia a partir de los consensos que se configuraron sucesivamente en dicho período. Descartando los existentes bajo la monarquía, tras la independencia y organización de la república, se configuró el consenso autoritario de los grandes decenios, deviniendo su disolución hacia fines del siglo XIX; el oligárquico, bajo el llamado “sistema parlamentario” instaurado tras la revolución de 1891; el mesocrático, que se inicia con los caudillos Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez, y concluye en 1973; por último, el consenso actual, que abordo en párrafo siguiente.

El tipo de consenso al cual refiere el autor consiste en una gran visión que impulsa el desarrollo de un país, el proyecto unificador que propicia canalizar las energías nacionales. Consensos que no nacen de teorías y nada tienen que ver con formulaciones abstractas o ideologías. Surgen del mismo acontecer humano y hunden sus fundamentos en la realidad. Se trata “de un hecho histórico-social… como un ser”, dice Vial. Nuestros consensos se socializaron naturalmente de diferente manera, incluso hasta sin quererse ni haber estado plenamente conscientes de su significado real. Con todo, terminaron por asumirse, extendiendo “su vida” durante un tiempo más o menos largo.

Porque su vigencia no es indefinida ni estática. Nadie puede asegurar cuánto se extenderán temporalmente. Porque pueden ser suplantados por otro que adquiere vida y se establece naturalmente.

El consenso actual, temporalmente, comienza en la administración Pinochet y subsistía cuando el autor escribía la obra (2006), porque políticamente regía el orden constitucional de 1980 con las modificaciones posteriores, particularmente las realizadas en 2005, bajo la presidencia de Ricardo Lagos, recordemos: “Por fin tenemos una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile”; y en lo económico, predominaban los elementos sustantivos de la visión económica que se activó también en aquel gobierno. Con todo, ese consenso le parecía parcial, sin tener asegurada su consolidación corriendo los años. Porque en el plano social mostraba una debilidad: “permanece la fractura de la extrema pobreza”, que afecta a un porcentaje cuantioso de chilenos, señalando un imperativo de solución ineludible y que, de no resolverse, podría sobrevenir “una crisis no muy lejana”. Factor que hacía incompleto el consenso. Pero reparar esa fractura, a su juicio, debía ser obra realizada con sentido, a partir de una razón que le permita perpetuarse: “…para que a los privilegiados chilenos nos importen los connacionales desposeídos como si fuéramos nosotros mismos —y no ellos— los golpeados por la miseria y las injusticias”.

Es un lugar común escuchar a los integrantes de la Convención subrayar la importancia que representa la instancia, pero no parece que aquilaten la tarea. Constituyentes exteriorizan rivalidades partidistas o ideológicas que impiden encontrar acuerdos. Exactamente lo opuesto de una convención. Sin consenso, no hay democracia que perdure, progreso que genere desarrollo y estabilidad que asegure paz social.