La idea de legitimidad comúnmente se asocia a dos fuentes. Por un lado, la legitimidad de origen y ejercicio de la función pública, la que estaría dada por el cumplimiento de la ley. Por otro, la representatividad, que buscaría asegurar que quienes ejercen la función pública representan, al menos, a una mayoría y, con ello, que sus decisiones estén en consonancia con generalizadas aspiraciones ciudadanas.

La legitimidad legal se expresa en la ejecución de un conjunto de procedimientos conocidos y estatuidos, que hacen que el acceso y ejercicio de la función pública sea válida. Las constituciones de 1833 y 1925 exponían que nadie puede “tomar el título o representación del pueblo, arrogarse sus derechos, ni hacer peticiones a su nombre”, ni tampoco “atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido por las leyes”, lo que implica la nulidad del acto. Similares disposiciones también están presentes en la Constitución aún vigente.

La Convención Constituyente surgió de la reforma constitucional de la Ley 21.200, que estableció las reglas de su funcionamiento y elección de constituyentes. Actuaciones de la Convención que transgreden la ley que la originó devendrían en nulidad de sus actos.

Desde el punto de vista de la representatividad, la situación de la Convención Constituyente parece ser algo más compleja. Datos publicados por el Servel muestran que los convencionales elegidos por cupos no indígenas obtuvieron en promedio el 6,33% de los votos válidos de su distrito, y si se considera el total de votos emitidos en el distrito su representatividad cae a 5,78% en promedio. Pero, si se considera el universo total de votos del distrito, los 138 convencionales no indígenas fueron respaldados por el 2,37% de los ciudadanos, en promedio. De estos 138 constituyentes, 91 fueron electos con una votación menor al promedio de 6,33% de los votos válidamente emitidos en el distrito, o 5,78% del total de votos emitidos en el distrito, o 2,37% del universo total de votantes del distrito. Solo 21 de los 138 convencionales alcanzan una votación superior al 10% de los votos válidamente emitidos en el distrito.

Los constituyentes pertenecientes a etnias originarias alcanzan en promedio el 23,24% de los votos válidamente emitidos por cada etnia, un 21,97% del total de votos emitidos (incluyendo blancos y nulos) y un 8,02% del universo total de total de votos de las etnias. La estimación de estos promedios, en todo caso, está fuertemente influida por las altas participaciones de las etnias Yagán, Kawéshkar y Rapanuí, que lograron votaciones del 100%, 38% y 40%, respectivamente. Los constituyentes de la etnia Mapuche, la más numerosa, lograron en promedio votaciones del 5% de los votos válidamente emitidos, 4,6% del total de votos de la etnia y solo un 1,03% del universo total de votantes mapuches.

En la Mesa Directiva de la Convención Constitucional, la presidenta, señora Elisa Loncón Antileo, logró el 5,38% de los votos válidamente emitidos de su etnia, el 4,94% de total de votos mapuches y el 1,1% del universo total de votantes mapuches. El vicepresidente, don Jaime Bassa Mercado, obtuvo el 13,12% de los votos válidamente emitidos en su distrito, el 12,37% de los votos emitidos en su distrito (incluidos blancos y nulos) y capturó las preferencias del 5,38% del universo total de electores de su distrito.

El respaldo popular efectivo obtenido por los convencionales constituyentes electos lleva necesariamente a levantar la discusión acerca de la legitimidad por representatividad de ellos, sobre todo en circunstancias en que su accionar parece encaminarse hacia propósitos distintos a aquellos por los cuales los ciudadanos les asignaron el mandato de redactar una nueva Constitución que sea “la casa común” de los chilenos. La minoritaria representación de los convencionales y las actuaciones que han tenido desde su instalación insinúan que ese propósito podría estar lejos de cumplirse y que el texto final que emane de la Convención sea uno que recoja intereses de grupos minoritarios de la sociedad chilena, en vez de aquellos de la ciudadanía como un todo o, al menos, de la mayoría de la población.

Habrá, entonces, que esperar el desarrollo del funcionamiento de la Convención para confirmar si la hipótesis que hasta aquí han ido dibujando los constituyentes se concreta y si la sociedad chilena la aceptará y validará.

Mauricio Olavarría Gambi
Departamento de Estudios Políticos