Muchas son las expectativas ciudadanas sobre el funcionamiento y el resultado de la Convención Constitucional, en cuanto a lograr construir un marco institucional que supere lo que hoy una amplia mayoría considera son falencias del orden actual. Esto, mediante una Constitución en la que todos los sectores del país, sin exclusiones, se sientan mejor representados. Transcurridas varias semanas de operación, ha quedado en evidencia que esta será una tarea compleja, no exenta de controversias: si bien se ha visto disposición por avanzar hacia acuerdos transversales, como aquellos logrados en el nombramiento de las vicepresidencias, en otros ámbitos, sin embargo, la discusión ha estado marcada por el enfrentamiento.

En particular, la conformación de la comisión de Derechos Humanos se ha tensionado por el rechazo expresado por varios de sus miembros a la participación del convencional Jorge Arancibia, haciéndose eco de peticiones al respecto de organizaciones de derechos humanos. Concretamente, se cuestiona su condición de ex comandante en jefe de la Armada y de exedecán naval del general Pinochet, y algunos de sus críticos han calificado como una “provocación” su incorporación al grupo; quienes rechazan esas críticas, en tanto, recuerdan que, durante su gestión al frente de la marina, a fines de la década de 1990, Arancibia —también exsenador de la república— jugó un papel importante en el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos y en la instalación de la Mesa de Diálogo que procuró avanzar en esa materia. El propio exparlamentario ha declarado que su presencia en la comisión no responde a una cuestión personal, sino al mandato de quienes lo eligieron democráticamente.

En este contexto, se ha propuesto por algunos incorporar en el reglamento de la Convención una suerte de calificación según la supuesta idoneidad ética y moral para participar en cada una de las comisiones. Esta fórmula constituiría una transgresión al mandato democrático que representa cada constituyente, cuya legitimidad está dada por sus electores, quienes esperan que sus representantes puedan cumplir libremente la labor encomendada y no ser coartados por sus pares. La necesidad de ciertas normas éticas que regulen la conducta de los convencionales no puede ser un pretexto para, en los hechos, censurar a quienes se estime adversarios, ya sea por cuestionarse su trayectoria previa —como en el caso de Arancibia— o por disentirse de determinadas declaraciones —como ha ocurrido con la presentación ante la comisión de Ética contra la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, promovida por constituyentes de centroderecha.

La perspectiva de los derechos humanos es, sin duda, crucial para el trabajo constitucional. Por lo mismo inquieta que sea precisamente en la comisión encargada de abordar este donde se propicien acciones que pueden entenderse como de cancelación. En esa línea, resulta también inquietante el debate en torno a los criterios de admisibilidad para quienes soliciten una audiencia, pues no serían aceptadas aquellas organizaciones o personas que sean calificadas como “negacionistas” en cuanto a su visión de la violación de los derechos humanos ni quienes sean considerados transmisores de un mensaje de odio. Esto se determinará a partir de un cuestionario que deberán responder los solicitantes. Desconociéndose aún la forma concreta en que ello operará, se advierte el riesgo de arbitrariedades que signifiquen limitar el necesario debate de ideas y la diversidad de visiones a considerar respecto de un tema decisivo.

La comisión se ha propuesto avanzar en una serie de puntos relativos a la definición de un “marco común de lo que se comprende como derechos humanos” para crear las bases de “un sistema plurinacional”, de una “visión histórica para el establecimiento de los principios relativos al derecho de la verdad, justicia, memoria y reparación”, así como propiciar las revisiones de acuerdos y convenios internacionales y la promoción de acciones de comunicación como campañas educativas y otras herramientas informativas. Sin embargo, toda esta labor de definición y difusión requiere, previamente, un debate amplio sobre los fundamentos básicos relativos a los derechos y libertades ciudadanas que debieran estar consagrados en la futura Constitución como pilares fundamentales de una sociedad democrática, donde no se imponga una única verdad ni una sola mirada de la realidad, sino que haya espacio a la pluralidad de visiones y aproximaciones.