Las circunstancias extraordinarias que ha vivido el país a propósito de la pandemia han obligado a medidas también excepcionales. Han sido varias, pero quizás la más notoria sea el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Este ha ido evolucionando en el tiempo. Así, por ejemplo, si en mayo de 2020 este aporte fue otorgado a un millón 265 mil hogares, en junio reciente se pagó a 6 millones 921 mil. Esto significa que casi 14 millones 700 mil personas están cubiertas por este beneficio, equivalentes al 75 por ciento de la población. Ello representa un desembolso mensual de poco más de 2 mil 730 millones de dólares (a un valor de $750). Es evidentemente un esfuerzo fiscal enorme; como referencia, el presupuesto nacional regular del país se sitúa en torno a los 6 mil 800 millones de dólares mensuales.

En este escenario resulta inentendible que se levanten voces que pidan reactivar un proyecto para avanzar en un cuarto retiro de los fondos de pensiones. Los argumentos no han cambiado respecto de las discusiones anteriores: siempre se habla de un nuevo grupo que no estaría cubierto por los beneficios fiscales. Por cierto, no se los identifica. Se habla de la clase media, pero este parece un concepto muy elástico si se piensa que tres cuartas partes de la población se encuentran hoy recibiendo el IFE. Si alguna vez quedó en duda que detrás de las iniciativas sobre retiros había un populismo ramplón, ahora difícilmente podría haber alguna. Se continúa con la idea de destruir un pilar relevante de un modelo moderno de protección de la vejez que, por cierto, tiene que mejorar, pero que en la realidad actual de envejecimiento de la población es indispensable para sostener una vida digna al momento de la jubilación. Además, no se paga ningún costo por parte de sus impulsores, porque los efectos más fuertes los sufrirá la mayoría de las personas en varios años más, al momento de pensionarse. Ello, aunque algunos impactos ya se han dejado sentir: tal como anticiparon distintos expertos, estos retiros —que totalizaron poco más de 50 mil millones de dólares— han generado aumentos en las tasas de interés, los que, a su vez, han reducido el precio de los bonos en los que están invertidos los dineros del fondo E, afectando los ahorros de las personas próximas a jubilar. Estos argumentos se desestimaron y ahora se están viendo las consecuencias. Seguir ahondando en este camino, entonces, sería un despropósito.

Ahora bien, el IFE debe comenzar a retirarse en algún momento. La ley que lo sustenta definió un pago completo también en julio y agosto; en septiembre, en cambio, debería corresponder a un 50 por ciento del beneficio actual, para extinguirse en los meses siguientes. Sin embargo, en esos momentos las campañas políticas van a estar plenamente desplegadas. En tales circunstancias, no se anticipa fácil dicho retiro, sobre todo, considerando que, pese a la recuperación económica, existe un rezago en los niveles de empleo. En efecto, la última medición del INE muestra que hubo 591 mil personas adicionales ocupadas respecto de un año atrás, pero que aún son 884 mil menos que hace dos años. En todo caso, no hay que descartar que el aumento en la cobertura de vacunación, la disminución en los contagios, la caída en la ocupación de camas críticas y la menor positividad, entre otros factores, aceleren en los próximos meses la creación de puestos de trabajo.

Sin embargo, si ello no ocurre, la presión por mantener este beneficio va a ser muy fuerte, pese al amplio acuerdo original respecto de su transitoriedad. De hecho, consultado ayer por la prensa sobre la posibilidad de extender la vigencia del IFE, el Presidente de la República afirmó que la red de protección social “va a estar disponible todo el tiempo que sea necesario”, aunque sin entregar mayores precisiones. En este sentido, si se abre un nuevo debate donde se evalúe una eventual prolongación del Ingreso Familiar de Emergencia, es importante que ello se haga considerando acotar los beneficiarios y definiendo parámetros más precisos —probablemente asociados a la tasa de empleo— para ir avanzando en su efectivo retiro. En caso contrario, se corre el riesgo de afectar severamente las cuentas fiscales, generar incentivos complejos para el mercado laboral y, además, terminar destinando en el futuro una parte importante de los recursos públicos al pago de deuda.