Un balance contradictorio arroja la jornada de instalación de la Convención Constitucional. Es sin duda significativo que, pese a toda la tensión generada, el nuevo organismo haya podido iniciar sus funciones, con la aceptación de sus cargos por parte de los convencionistas y la elección de sus autoridades. Una vez más, en condiciones por momentos dificilísimas, la ruta institucional —único camino posible para encauzar la profunda crisis en que se halla sumido el país— ha sido ratificada. Con todo, ni aun la más esperanzada de las miradas podría desconocer ni los momentos oscuros vividos durante la mañana de ayer ni las profundas interrogantes que han quedado abiertas.

Inocultable en ese sentido es que la amenaza de “rodear la Convención” haya empezado a ser cumplida desde su primer día de funciones. No de otro modo podrían entenderse los incidentes protagonizados en los alrededores del ex-Congreso por manifestantes que intentaron provocar a las fuerzas policiales, atacar a móviles de prensa y romper los necesarios anillos de seguridad. Menor habría sido la gravedad del episodio si es que las acciones de esos grupos exaltados no hubiera encontrado un correlato en la actitud asumida por una parte de los propios constituyentes electos, quienes, haciéndose eco, impidieron el normal inicio de la ceremonia. Doloroso fue observar que ni aun símbolos básicos de unidad nacional, como el Himno Patrio —interpretado en medio de pifias y protestas por jóvenes de la Fundación de Orquestas Juveniles—, fueron respetados por quienes tienen la tarea —nada menos— de redactar una nueva Carta Fundamental para todos los chilenos.

En contraste, el temple y buen criterio en la conducción de la primera parte del acto por la secretaria del Tribunal Calificador de Elecciones impidieron que lo que debía ser un día histórico culminara en un bochorno mayúsculo. Aun así, en consonancia con radicalizadas declaraciones previas, un grupo de constituyentes confirmó no tener cabal comprensión del mandato que les ha sido conferido, mostrándose dispuestos a condicionar el cumplimiento de sus tareas a la satisfacción de determinadas demandas; en este caso, la del retiro de las fuerzas especiales de la policía en el control de los referidos incidentes. Las próximas semanas mostrarán si esta actitud, que parece confundir el activismo con la función pública, persiste o si fue solo manifestación de desconfianzas iniciales que el trabajo cotidiano de la Convención debiera ir disipando. Resultaría sin duda nefasto que la idea de un “poder dual” —advertida con lucidez por analistas— fuera la estrategia a asumir por parte de sectores radicalizados que pretendan fortalecer sus propias posiciones con el apoyo de movilizaciones violentas, las cuales —al menos se vio ayer— no necesitarían siquiera mayor masividad para lograr alterar el trabajo del órgano constitucional. En cualquier caso, es desde ya una señal impropia que la sesión convocada para hoy tenga en su tabla discutir una petición de amnistía para lo que se ha dado en llamar “los presos de la revuelta”, esto es, quienes han sido imputados o condenados por violentos delitos cometidos a partir de octubre de 2019: el nuevo órgano iniciará su trabajo regular abordando un tema que escapa a su competencia y que supone una presión para los poderes públicos. Si se habla de justicia, lo primero es respetar la independencia de los tribunales y sus resoluciones.

Superado un lamentable inicio, la Convención logró finalmente encauzarse según las lógicas más tradicionales de la política. El proceso de elección de sus autoridades —extremadamente extenso debido al sistema de votación por papeleta— dio cuenta así de particulares alineamientos. Sorprendió en este esquema la división de la izquierda más dura en dos bloques. Uno de ellos reunió a los convencionales del Partido Comunista, la Lista del Pueblo y un grupo disidente de las etnias originarias, quienes apoyaron a la constituyente del pueblo colla, Isabel Godoy; en tanto, el Frente Amplio, el Partido Socialista y la mayoría de los convencionistas mapuches, entre otros, respaldaron a Elisa Loncón, también mapuche y quien logró la primera mayoría relativa en la primera ronda de votaciones. La división se superó al volverse a sufragar, cuando la mayoría de los apoyos de Godoy —particularmente los del PC— se traspasaron a Loncón. Esta terminó logrando así un total de 96 votos. La cifra, expresión de un contundente apoyo, resume también la desmedrada posición en que han quedado los sectores más moderados. Revelador es que la carta de Independientes No Neutrales, Patricia Politzer, solo haya conseguido, sucesivamente, 20 y 18 apoyos; la centroderecha, por su parte, se ordenó casi totalmente en torno al exdiputado Harry Jürgensen, quien obtuvo, también sucesivamente, 36 y 33 votos. Por cierto, estos números no pueden estimarse enteramente extrapolables —así lo mostraron las votaciones para la vicepresidencia—, pero resulta sugerente que en la segunda ronda, ya con el apoyo comunista y de la mayoría de la Lista del Pueblo y de las etnias originarias, la constituyente Loncón hayan estado a solo siete votos de alcanzar los dos tercios, el quorum que será necesario para aprobar las normas constitucionales.

Debe valorarse el tono tranquilo y exento de odiosidades que tuvieron durante la sesión las intervenciones tanto de la presidenta de la Convención como de su vicepresidente. En particular, han de ser estos momentos de genuina emoción para los miembros de la etnia mapuche, a menudo objeto de discriminación a lo largo de nuestra historia. En ese contexto, las especiales y honestas referencias formuladas por la nueva presidenta. Ello no debe, sin embargo, inducir a equívocos respecto de su propia tarea, cual es ofrecer garantías a todos los sectores y conducir conforme a las reglas que el país aprobó un debate cuyo objetivo va mucho más allá de reivindicar determinadas identidades o causas, sino acordar los contenidos de una Constitución que todos los chilenos puedan efectivamente sentir y hacer propia.