Con los avances en la vacunación, el apoyo de las políticas fiscales y monetarias, y los protocolos de salud pública, la pandemia pierde fuerza a nivel global. Sin embargo, preocupa la propagación de la variante Delta del virus —mutación que se originó en la India, que se propaga más rápido y que es más resistente a las vacunas actualmente en uso—, que amenaza con acelerar los contagios, especialmente en países que están más atrasados en la vacunación, como es el caso de varios países emergentes y la mayoría de los países en desarrollo.

Para enfrentar este problema, y así avanzar más decididamente en el control global de la pandemia, se requiere acelerar la distribución de vacunas a estos países.

En cuanto a la actividad económica, la recuperación de las economías avanzadas se fortalece. A la recuperación inicial de los sectores productores de bienes, se les está sumando ahora la de los sectores de servicios de alto contacto personal. A nivel de los países principales, Estados Unidos es el que está más avanzado en su recuperación. Le sigue la Zona Euro, que recibe ahora el impulso del levantamiento de restricciones a la movilidad, y que también comienza a dinamizar a sus sectores de servicios. En tanto, Japón se beneficia del mayor dinamismo de sus exportaciones (crecieron 49,6% anual en mayo) y de sus políticas de estímulo.

La recuperación del empleo ha sido más lenta, afectada por problemas de oferta y de demanda de trabajo, derivados de la pandemia. Por el lado de la oferta, observamos la salida de la fuerza laboral de personas más vulnerables o preocupadas del virus y de mujeres para apoyar a sus hijos en edad escolar y a familiares enfermos. Por el lado de la demanda, el mayor impacto viene del aumento del comercio digital y el rezago en la recuperación de los servicios presenciales intensivos en trabajo. Algunos de estos cambios van a tener efectos más duraderos en el mercado laboral, los que van a requerir de políticas laborales activas para promover el empleo y la reasignación de trabajo hacia empleos más demandados pospandemia.

En medio de este cuadro de recuperación, surge la preocupación por la inflación. En el caso de Estados Unidos, el mayor dinamismo de la actividad, la fuerte expansión en la demanda de bienes y los cuellos de botella en el transporte y las cadenas de abastecimiento, han generado un alza de la inflación y una mayor preocupación por su dinámica futura. Otras fuentes de preocupación por la inflación son los aumentos de precios de productos terminados, tanto en China como en Estados Unidos, las dificultades para llenar puestos de trabajos, las alzas en los salarios hora, y las políticas monetarias y fiscales muy expansivas en una economía que está en plena recuperación. Hasta ahora, la FED considera que el alza de la inflación sería solo transitoria.

La semana pasada, los miembros de su consejo de política monetaria revisaron sus proyecciones de crecimiento, inflación y tasas de interés. La mediana de sus proyecciones de inflación subió de 2,4 a 3,4% este año, de 2,0 a 2,1% el 2022 y de 2,1 a 2,2% el 2023. Las nuevas proyecciones de tasas incluyen ahora dos alzas el 2023, lo que adelanta en un año el inicio de las alzas respecto a su proyección anterior. Con todo, sigue estando presente el riesgo de una aceleración sostenida de la inflación que lleve a la FED a subir pronunciadamente la tasa para contenerla, con efectos profundos en la actividad, los mercados de deuda y las monedas de los emergentes.

Por su parte, organismos financieros internacionales y la banca de inversión han estado revisando al alza sus proyecciones de crecimiento. Las nuevas proyecciones apuntan a un crecimiento de este año en torno a 6,8% para los EE.UU., a 4,5% para la Zona Euro, a 8,5% para China y a 6,0% para la economía global.

En tanto, la recuperación de América Latina se proyecta más lenta, afectada por las dificultades en el control de la pandemia y el reducido espacio para el uso de políticas fiscales y monetarias para mitigar sus efectos y apuntalar la recuperación. La excepción ha sido Chile. Gracias a su sólida solvencia fiscal y la gran credibilidad de su Banco Central, las políticas macro y financieras han ayudado a mitigar los efectos de la pandemia en hogares y empresas, y ahora están ayudando en la reactivación.

Fue justamente en este contexto de alto crecimiento global, buenos términos de intercambio, buenas condiciones de financiamiento externo, mayor resiliencia de la actividad a las cuarentenas, avances substanciales en la vacunación y mejores perspectivas de control de la pandemia, que el Banco Central de Chile en su último IPoM revisó al alza su proyección de crecimiento de este año a un rango entre 8,5 y 9,5%.

Sin embargo, una parte importante de este crecimiento es una recuperación del PIB a su nivel prepandemia y pre estallido de octubre. El problema fundamental de Chile es cómo alcanzar niveles de crecimiento que nos permitan mejorar en forma sostenida las condiciones de empleo, la cantidad y calidad de bienes públicos y, en último término, seguir mejorando el bienestar de la población. Al respecto, las noticias no son buenas, dado que las estimaciones de crecimiento tendencial no han hecho más que reducirse en la última década y que ahora se estima en torno a 2,5% anual solamente.

La principal razón de esta baja es la incapacidad de llevar adelante reformas que permitan revertir las caídas de productividad. La baja tasa de inversión reciente y el deterioro de la calidad de la educación de los últimos años, especialmente con la pandemia, van a deteriorar también tanto el crecimiento de los factores como de la productividad, reduciendo aún más el crecimiento tendencial. A esto hay que sumarle la aparición de un marcado populismo en el Congreso, que aumenta el riesgo de un deterioro más pronunciado del ambiente de inversión y la solvencia fiscal, de seguir distorsionando y rigidizando el mercado laboral, y de continuar postergando reformas estructurales necesarias para enfrentar los problemas de las pensiones, la salud, la calidad de la educación pública. En estas circunstancias, mantener incluso un crecimiento tendencial de 2,5% será muy difícil, y ni soñar con retomar los niveles necesarios para alcanzar las tasas requeridas para lograr mejoras sostenibles en las condiciones de vida.

Por esta razón, el proceso constituyente debería preocuparse no solo de crear un régimen político que reduzca la fragmentación y fortalezca la gobernabilidad, sino que también de la creación de las bases para un crecimiento sostenido y de un nivel tal que permita avanzar en satisfacer las demandas sociales y mejorar el bienestar de la población, especialmente de las clases medias y de los más pobres. Para lograrlo, la institucionalidad de derechos de propiedad, macro-financiera, y de la libre competencia, como también los incentivos a la inversión y el emprendimiento juegan un rol central.