La reciente extensión del Ingreso Familiar de Emergencia y el plan de apoyo a las pymes significan una nueva inyección de recursos fiscales a la economía por cerca de 9 mil millones de dólares respecto de lo incorporado en el último Informe de Finanzas Públicas. Sumado esto a lo realizado durante 2020 y a lo previamente anunciado, el gasto fiscal aumentará cerca de 37% en términos reales en dos años.

El financiamiento de este gigantesco programa ha venido tanto de la disminución de los fondos soberanos como de la emisión de deuda pública y de los ingresos extraordinarios obtenidos por el mayor precio del cobre. Aunque las nuevas estimaciones para la deuda pública en 2021 que incorporarán estos nuevos gastos se publicarán a comienzos de julio, es posible anticipar que, holgadamente, la deuda fiscal neta —esto es, descontando de la mayor deuda la caída en los fondos soberanos— habrá aumentado sobre los 40 mil millones de dólares entre 2019 y 2021.

Como porcentaje del PIB, los aumentos de deuda han sido algo más acotados de lo anticipado, tanto por una recuperación más rápida de la economía como porque el precio del cobre ha sorprendido al alza desde fines de 2020. Ello, sin duda, ha aliviado la presión a un mayor endeudamiento neto. Sin embargo, es aquí donde radica el mayor riesgo de la situación fiscal en la actualidad.

En efecto, tanto la velocidad de la recuperación como los mayores ingresos del cobre están sujetos a mucha incertidumbre y, por lo menos en el caso del crecimiento, todo parece indicar que el dinamismo de la economía bajará sustantivamente en los próximos años. Por ejemplo, las proyecciones del Banco Central anticipan un dinamismo muy bajo a partir de 2022. Por otro lado, podría continuar el auge de las materias primas, potenciando la recuperación de una parte de la inversión y proveyendo de financiamiento al sector público. En cualquier caso, todo ello hace evidente la necesidad de que, en un contexto electoral y de abundantes promesas de campaña, las distintas candidaturas presidenciales transparenten su plan fiscal, tanto en materia de gasto como de financiamiento. Por contraste, al menos hasta el momento, el debate político parece limitarse a sugerir que sería posible aumentar estructuralmente la recaudación fiscal en varios puntos del PIB de un modo fácil y sin distorsiones. Ello resulta, sin embargo, altamente debatible.

Pero a esta discusión debe agregarse otra, sobre los déficits y la deuda en la transición. Son numerosas las circunstancias en las que problemas de acceso puntual a liquidez internacional han llevado a dificultades fiscales, por lo que no es suficiente presentar un plan fiscal en términos de convergencia a un equilibrio estructural, sino que también hay que hacerse cargo de la transición a ese objetivo. De proseguir la actual dinámica fiscal, una mayor recaudación estructural que demore cuatro años en concretarse puede implicar una convergencia de la deuda pública a niveles más cercanos al 50% del PIB en ese período, generando importantes necesidades de financiamiento, precisamente en momentos en que se debate en Estados Unidos un aumento de las tasas de interés.