Al sostener que la Convención Constitucional no está obligada a respetar los límites fijados por la reforma constitucional de diciembre de 2019 que le dio origen, los convencionales agrupados en la “Vocería de los Pueblos” han dado a entender que no se conformarán con nada que no sea una asamblea constituyente que se proclame como titular indiscutible de la soberanía popular. Parten de la base de que el orden legal está en vías de desaparecer y los poderes del Estado ya no tienen autoridad.

Es probable que un tercio o más de los convencionales estén en una posición parecida. Para cuestionar el quorum de dos tercios fijado para adoptar acuerdos, el convencional Marcos Barraza, del PC, sostuvo: “Quienes sostienen que las reglas de la Convención son inamovibles son quienes han sostenido la legitimidad de una Constitución que a nuestro parecer es ilegítima por ser heredada de una dictadura” (LT, 10/06). Vale decir, puesto que el orden constitucional es ilegítimo, no hay razón para respetar sus normas. Y se deduce que ese orden ilegítimo originó necesariamente autoridades ilegítimas; en primer lugar, todos los presidentes de la República elegidos desde diciembre de 1989, incluida la Presidenta Michelle Bachelet, de cuyo segundo gobierno Barraza fue ministro (ilegítimo, parece).

Llevado el cuestionamiento hasta las últimas consecuencias, habría que concluir que la propia Convención, elegida de acuerdo a las disposiciones de una Constitución calificada de ilegítima, tendría que considerarse también ilegítima. Y si ese es el cuadro, ¿en qué situación se encontrarían, entonces, el Congreso Nacional y los municipios, donde el PC tiene representantes? ¿Cuándo conviene estar dentro y cuándo fuera del orden constitucional?

Los negociadores del 15 de noviembre de 2019 no se dieron cuenta de la mezcla que estaban preparando. Con todo, lo que puso en marcha el proceso fue la reforma constitucional promovida por el Gobierno y aprobada por el Congreso. Por diversas razones, los senadores y diputados dieron sus votos para que el Congreso renunciara a su potestad constitucional y aceptara el surgimiento de un segundo parlamento. El Gobierno validó el experimento, y no hay evidencia de que hayan surgido aprensiones en el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. ¡Cómo no iba a crecer la idea de que las actuales instituciones están en retirada y el país se prepara para una reorganización completa! La mejor escuela de desconocimiento de las reglas han sido las veleidades de los parlamentarios que han quebrantado abiertamente las normas constitucionales, excepto en la parte de los beneficios que ellos reciben. Así fue como creció la excitación refundacional.

Los malentendidos con que nació el proceso constituyente están siendo aprovechados por quienes quieren demostrar que Chile se equivocó hace 30 años, que no debió hacer una transición democrática como la que hizo, que no debió llevar adelante las reformas que realizó y que, como consecuencia de todo ello, ¡la legalidad en que vivimos carece de validez! De acuerdo con tal visión, el país tendría poco menos que partir de nuevo. Es visible que algunos creen que, por fin ahora, se abre la oportunidad de “corregir la historia” y revolucionar la sociedad del modo que querían hace 34 años, según las pautas de una transición “a la nicaragüense”.

La Convención solo será viable dentro del marco legal establecido. Esa es la línea roja que no puede traspasarse. Por lo tanto, se justifica plenamente la proposición de que los convencionales tengan que jurar o prometer el acatamiento de las reglas constitucionales establecidas sobre el nuevo órgano. Quienes no se comprometan a actuar dentro de esas reglas no pueden ser investidos en sus cargos.

Se justifica la inquietud de mucha gente acerca de cómo evolucionará este extraño proceso, sobre todo porque hay quienes, para “correr el cerco de lo posible”, parecen dispuestos a recurrir a las vías de hecho. Son los que confían en las técnicas de intimidación que se resumen en el plan de “rodear” la Convención con grupos de agitación en las calles. Cualesquiera que sean las circunstancias, los poderes del Estado tienen la obligación de hacer respetar el orden legal que nos permite vivir en libertad. Todos los demócratas, independientemente de su filiación, deben sostener el Estado de Derecho.

Frente a un asunto tan determinante para la estabilidad y la gobernabilidad, como también para las posibilidades de progreso, no caben las posturas acomodaticias. Si finalmente la Convención termina anulándose a sí misma, Chile no quedará en tierra de nadie. En cinco meses más elegiremos nuevo Presidente de la República y nuevos senadores y diputados. La continuidad institucional no está ni puede estar en duda.

Sergio Muñoz Riveros