Como confusas podrían ser catalogadas las ideas manifestadas en materia económica por diversos constituyentes identificados como independientes. En principio, puede parecer difícil establecer si se trata de un grupo con posiciones relativamente homogéneas o de personas que, compartiendo algunos principios, difieren en su aplicación práctica. Esta distinción es fundamental, toda vez que la reiterada mención a la necesidad de “modificar un modelo extractivista y neoliberal” no pasa de ser un eslogan de poco contenido. Pudiendo haber servido para ganar un lugar en la Convención, no es principio que pueda traducirse fácilmente en el lenguaje técnico y amplio que la redacción de una Constitución requiere.

No obstante, algunos aspectos aparecen con más claridad. De acuerdo con un estudio publicado por “El Mercurio” y elaborado en base a las plataformas de campaña de los constituyentes elegidos, destaca la preferencia por un rol más activo del Estado, que se manifiesta de varias formas. Por una parte, se enfatiza una mayor intervención de aquel en distintos sectores económicos. Así, mientras la Constitución actual no prohíbe la participación del Estado en ningún sector, ahora un grupo importante de constituyentes aboga por su participación obligada en áreas específicas. Relacionado con lo anterior, se percibe un cierto deseo de restricción de la propiedad privada, ya sea ampliando las condiciones de bien común que la restringen en la actualidad o limitando directamente su participación en ciertas actividades. Ello se ve con claridad en sectores concesionados, en los recursos naturales y en las pensiones. También se manifiesta en una mayor restricción a la inversión extranjera, ya sea abiertamente prohibiéndola en algunas áreas o requiriendo una autorización especial.

Estas posiciones reflejan cuánto ha permeado en la sociedad la idea de que muchas dificultades económicas y sociales obedecen a un deficiente actuar del sector privado. No deja de ser, sin embargo, paradójica la visión de que, para solucionar muchos problemas, se deba recurrir a un rol mayor del Estado, en circunstancias que el déficit de gestión y servicios de este es apabullante. Los problemas en salud y educación, inseguridad o pensiones, obedecen fundamentalmente a una pobre gestión estatal y no a una restricción de su funcionamiento. Entregar más responsabilidades al Estado, burocrático, ineficiente y capturado por sectores políticos, no parece responder a las necesidades de los ciudadanos que, junto con demandar mejores servicios, pensiones y seguridad, han manifestado con fuerza su rechazo a un sistema político que no se hace cargo de esos problemas. Ampliar el papel del Estado, ya sea en actividades productivas o con mayor arbitrariedad en el ámbito regulatorio, incrementará el poder de los grupos de interés que los mismos ciudadanos han decidido rechazar.