Con los líderes del Comité del Paro se reunirá este lunes el Presidente Iván Duque, en una instancia de diálogo con la que intenta aplacar la ola de protestas y extrema violencia que ha sacudido a Colombia desde el 28 de abril. Existiendo un pliego de peticiones ambicioso, esas conversaciones debieran al menos resultar apaciguadoras, en un momento de alta tensión social y temor frente a una desestabilización institucional que dañe la democracia.

Difícil resulta no comparar la situación que hoy vive Colombia con la crisis iniciada en Chile en octubre de 2019. En ambos casos, un tema puntual —el alza del pasaje de metro en Chile; una reforma tributaria en Colombia— ha servido de chispa para una explosión de demandas de todo tipo, pero también para acciones de inusitada violencia. En los dos países, además, se ha promovido un fuerte cuestionamiento a la acción de las fuerzas policiales.

En el caso colombiano, las fuerzas especiales, Esmad, han sido apuntadas como responsables de muertos y heridos durante estas manifestaciones, si bien cientos de policías estarían también heridos, y hay indicios de que grupos armados irregulares habrían participado en el incendio de comisarías y centros de atención de salud. Sugerente es la denuncia que ayer formulara el Presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, sobre la supuesta intervención venezolana en los incidentes, que habrían detectado sus organismos de inteligencia.

Ciertamente, constituye un desafío inmenso para el Presidente Duque contener esta crisis, cuando el país además enfrenta una tercera ola de la pandemia que ha dejado más de 76 mil muertos, contagiado a casi tres millones de personas y causado la pérdida de millones de empleos. El mandatario ya ha debido hacer concesiones importantes, como retirar la referida reforma tributaria y reemplazar al ministro de Hacienda, pero ahora los líderes sindicales esperan que ceda en temas como salario básico universal, subsidios y gratuidad universitaria.

También esta arista económica tiene alcances que trascienden a Colombia. El fracaso de Duque para imponer el cambio tributario muestra las dificultades de cualquier gobierno democrático para hacer modificaciones a la estructura impositiva que pretendan ampliar la base de contribuyentes. Ante la pandemia, el gobierno colombiano distribuyó ayudas sociales y recurrió a reservas y créditos, pero los recursos se hicieron insuficientes; resolverlo era el sentido de la reforma. Sin embargo, ha vuelto a evidenciarse que cobrar nuevos impuestos a las clases medias parece una receta para la desaprobación y la protesta social masiva, que finalmente es capturada por grupos anárquicos o con intereses políticos que van más allá de la reivindicación en disputa. Cuando en Chile se plantea tanto revisar históricas exenciones como aumentar sustantivamente la recaudación, estos hechos advierten de los estrechos límites que la realidad impone a una discusión que vaya más allá de eslóganes contra “super-ricos” o transnacionales.

Paradójicamente, un punto que distancia la situación colombiana de nuestro país es que allá la Constitución —elaborada por una asamblea en 1991— ya incluye un extenso catálogo de derechos sociales, causa de innumerables demandas judiciales; ello, sin embargo, no ha impedido las tensiones.

Para resolver la crisis, Duque necesita la colaboración de las fuerzas sociales, de la oposición política y de su propio sector, que tiene en el expresidente Álvaro Uribe un líder que le ha complicado su gestión. Pero tal vez el mayor obstáculo venga de uno de los adversarios que aspiran a sucederlo, el senador Gustavo Petro, exalcalde y exguerrillero del M-19, quien ha llamado a una “marcha de un millón”, evocando la que convocara el político Jorge Eliecer Gaitán en 1948, dos meses antes de ser asesinado, muerte que desató un período traumático recordado como “la violencia”. Inquietante panorama, un año antes de las próximas elecciones.