Con la destitución de magistrados de la Corte Suprema de El Salvador, se profundiza la percepción de que el Presidente Nayib Bukele busca, por medio de su mayoría parlamentaria, afianzar el control sobre las instituciones del Estado, en un peligroso juego en el que se usan las herramientas de la democracia para aumentar el poder presidencial. Con ello, Bukele parece seguir la línea de otros gobernantes, como Erdogan en Turquía u Orbán en Hungría, que llegan al poder con un amplio apoyo en las urnas y lo usan para implantar un sistema autoritario.

Bukele ganó las elecciones de 2019 por un amplio margen, gracias a una campaña en la que puso el acento en la lucha contra la corrupción y el nepotismo que se habría instalado luego de casi treinta años de alternancia entre los partidos Arena y FMLN (la exguerrilla marxista). Uno de sus temas centrales era erradicar la violencia de las pandillas, que colocaron a El Salvador entre los países con más homicidios por habitante en el mundo. Apenas llegó al poder, lanzó un plan de seguridad con foco en recuperar las zonas en manos de las “maras”, copando con efectivos militares y policiales las barriadas, al tiempo que intentaba “reconstruir el tejido social”, capacitando jóvenes, creando empleos e integrando las áreas marginales.

Al carecer entonces de una mayoría parlamentaria, su plan chocó con el primer obstáculo al no ser aprobado un préstamo internacional para financiarlo. El Presidente lo resolvió entrando con militares al hemiciclo para presionar a los congresistas. Si hasta ese momento se había alertado sobre la tendencia autoritaria de Bukele, esa fue una señal que la oposición y la comunidad internacional interpretaron con alarma, la cual se intensifica ahora con la destitución de los jueces, en la primera sesión de la nueva Asamblea Legislativa, donde sí hay mayoría absoluta oficialista, luego de que, en marzo, Bukele y su partido, Ideas Nuevas, arrasaran en las parlamentarias.

Los indicios del estilo autoritario han estado presentes en estos casi dos años de gobierno. Opositores y activistas de derechos humanos han reclamado por los ataques a la libertad de expresión y de prensa, por las condiciones de los pandilleros presos y, sobre todo, por las medidas represivas en el control de la pandemia. De hecho, una de las causas de enfrentamiento con los jueces destituidos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema fueron precisamente las resoluciones que ordenaban al Presidente parar las detenciones “arbitrarias” de quienes incumplieran las cuarentenas. Bukele dijo que no obedecería, y ahora, apenas tuvo mayoría parlamentaria, ha cesado a los magistrados.

En rigor, la Asamblea tiene la facultad de nombrar y remover jueces; sin embargo, debe atenerse a las causales que la ley indica. En este caso, las razones no solo parecen injustificadas, sino motivadas políticamente. Con esto, Bukele pasa a controlar parte de la Corte y la Fiscalía General, pues también se nombró un nuevo persecutor. Los contrapesos al poder presidencial parecen haber sido anulados, poniendo en riesgo una frágil democracia.

El ascenso de Bukele, con su estilo populista, dominio de las mayorías y buen manejo de las redes sociales, alerta sobre el peligro de que a partir de liderazgos carismáticos surjan y se afiancen regímenes autoritarios que, nacidos de un proceso democrático, terminan destruyendo sus sistemas de equilibrios y control.