Inquietante es la proliferación de infracciones al Estado de Derecho por los sostenidos y crecientes loteos “brujos”, usurpaciones y ocupaciones ilegales de terrenos. La institucionalidad no está funcionando en esta como en otras materias relevantes.

La disfuncionalidad afecta gravemente el respeto y vigencia de la garantía constitucional que protege el derecho de propiedad, base fundamental del sistema político, social y económico. Transgresiones a este derecho y a sus atributos esenciales, de uso, goce y disposición, causan impunidades, inseguridad ciudadana, perjuicios patrimoniales, riesgos para la salubridad y medio ambiente, además de generar serias implicancias para el desarrollo económico y la paz social. Los daños provocados por las ilegalidades trascienden el ordenamiento jurídico, a los predios y propietarios perjudicados; pueden afectar a los vecinos, a la prestación de servicios básicos de utilidad pública, condiciones mínimas de salubridad, a la propia seguridad de los ocupantes, al desarrollo urbano y a la producción, empleo e inversión.

No se trata de simples episodios aislados de ocupaciones ilegítimas; son multiplicidad de situaciones que van en aumento a lo largo de todo el país, en propiedades privadas y públicas, rurales y urbanas, incluso en viviendas mayormente situadas en litorales.

Se conocen amenazas que impiden las acciones y denuncias de los propietarios. De conocimiento público fue la intervención de un sicario que terminó por asesinar al dueño del terreno en el que hasta hoy se desarrolla un loteo ilegal en Quilpué. Se registra, en efecto, la intervención de bandas organizadas que practican la violencia, con participaciones de narcotraficantes, mafias y comerciantes que lucran y especulan practicando conductas delictuales, creando, además, focos de delincuencia.

Algunas de estas realidades tienen origen en la extrema pobreza evidenciada en el explosivo aumento de campamentos, de nacionales y migrantes, en los últimos dos años. Otras simplemente son producto de negocios ilegales, agitación social, delincuencia, y de la lentitud y complejidades de los procesos de desalojos, agravados por los efectos de la pandemia en las tramitaciones judiciales y en las disponibilidades de la fuerza pública.

Las ocupaciones ilegales parecen superar a ministros, intendentes, gobernadores, fiscales, alcaldes y policías. Restablecer la vigencia del Estado de Derecho y la garantía del derecho de propiedad deberían ser una prioridad nacional.