Irresponsabilidad e inoperancia se han combinado para propinar el más duro golpe al sistema previsional. La estrategia parlamentaria de drenar los fondos de pensiones —un camino en el que confluyen el afán ideológico por desmantelar el sistema y el cálculo político más mezquino ante un calendario electoral recargado— encuentra ahora su camino despejado: tal como la autoridad debió ayer resignarse a promulgar la reforma que permite un tercer retiro, nadie podría hoy garantizar que en los próximos meses no existirán un cuarto, un quinto o más rescates, en una espiral que —a la luz del comportamiento de las dirigencias políticas— no parece encontrar fin. Por eso, la decisión adoptada ayer por el Tribunal Constitucional, de no admitir el —por cierto, tardío— requerimiento del Ejecutivo contra el proyecto que había aprobado el Congreso, representa una de las señales más claras del grave proceso de deterioro institucional en que se haya sumido Chile.

La oposición ha celebrado con euforia este desenlace, al punto de perder algunas de sus más respetadas personalidades un mínimo sentido de las proporciones para festinar la derrota sufrida por La Moneda y ensañarse groseramente contra la figura del Presidente de la República. Esperable de aquellos sectores radicalizados que vienen desde hace ya tiempo apostando por la desestabilización, también se han hecho eco de tal actitud parlamentarios y dirigencias de la centroizquierda. No parecen entender estos últimos que, mientras en lo inmediato la aprobación de los sucesivos retiros solo ha beneficiado políticamente a los liderazgos populistas más extremos, las nefastas consecuencias de todo lo ocurrido se extenderán en el tiempo y deberán ser asumidas por todos los chilenos en una diversidad de ámbitos.

Desde luego, el país debiera desde ya comenzar a internalizar los inmensos costos de largo plazo que se enfrentarán en materia de pensiones. A la fecha, la salida de 35 mil millones de dólares desde los fondos previsionales —cifra que probablemente continuará ampliándose de no mediar un virtuoso pero improbable acto de responsabilidad política— no tiene otro mecanismo de compensación que la falaz y fantasiosa retórica de algunos parlamentarios. Así, una sociedad que demandaba mejoramientos sustantivos en materia previsional, se encontrará prontamente con la realidad de mayor precariedad al momento de la jubilación. Es seguro que incluso entonces los promotores de esta perniciosa política seguirán culpando a terceros de sus imprudentes actos, pero será ya la historia la que juzgará tales descargos.

Cabe reconocer la superioridad de la propuesta que alcanzó a presentar el Gobierno en el contexto de las alternativas de un tercer retiro. Y es que la idea de contar con mecanismos para comenzar gradualmente a reintegrar —aunque de modo muy parcial— los montos retirados representa un acto de realismo frente a la implacable aritmética previsional. Revela la magnitud del desafío el hecho de que cada punto extra de cotización significa, aproximadamente, 600 millones de dólares adicionales al año. De este modo, si con el tercer rescate los montos retirados totalizarán unos 50 mil millones de dólares y la contribución se aumentaría en solo dos puntos (como lo propone el Ejecutivo), tomaría más de 40 años recuperar lo drenado. Las autoridades han señalado que —ahora en una iniciativa que se impulsará independientemente— insistirán en esta fórmula. Sin embargo, los puntos adicionales de contribución han sido profusamente criticados por la oposición, argumentando que significarían una mejor posición financiera para las Administradoras de Fondos de Pensiones. Un básico entendimiento del sistema y la mera lectura de la propuesta muestran lo incorrecto de la aseveración. La insistencia diríase caprichosa en tal visión sirve finalmente de aliciente para aquellos que buscan un irresponsable tránsito hacia un sistema de reparto.

Resulta difícil entender cómo, pese al amplio consenso técnico que considera esta una política nefasta, el país se apronta a concretar este tercer retiro en menos de un año. Son diversos los factores y entre estos no cabe desconocer los errores de un gobierno que, habiendo desplegado amplios esfuerzos de impulso económico y apoyo a las personas frente a la crisis, ha aparecido repetidas veces entrabado por el celo focalizador o reaccionando con tardanza a ciertas demandas. Pero ha habido también aquí grave responsabilidad de quienes —incluso desde el ámbito académico— han consistentemente contribuido a minimizar y cuestionar todo esfuerzo de la autoridad. Paradójicamente, en un país destacado por los organismos internacionales por la magnitud de las medidas llevadas a cabo a objeto de paliar la crisis, se ha terminado instalando una falsa imagen de abandono de los ciudadanos —profusamente además alimentada por ciertos medios—, que ha servido de caldo de cultivo para todo tipo de populismos. Sin una alternativa viable, esta crónica de irresponsabilidades dejará a gran parte de la población con un sistema previsional mucho peor que el que tenemos ahora. Esto, por cierto, sin siquiera internalizar los costos sobre el sistema financiero y la macroeconomía que en el largo plazo tendrá el desmantelamiento del pilar contributivo. El tuit de la Contraloría General de la República informando ayer de la toma de razón del decreto promulgatorio de este tercer retiro resume —con su insólita gráfica celebratoria, impropia de una entidad llamada a guardar neutralidad— la situación de un país en muchos sentidos desbordado.

Cuestión aparte —y signo del estado de nuestras instituciones— fue el episodio ocurrido ayer con las desafortunadas declaraciones del expresidente y actual ministro del TC Iván Aróstica. Expresiones como que “el punto central no es quién hace la ley, el punto central para el TC es qué tiene que hacerse para solucionar el problema de la gente (…). Esas discusiones de poder parece que sobran un poquito frente a la situación”; “nosotros hicimos, veladamente, un llamado a legislar en favor de la ciudadanía”; “pareciera que la ayuda no está llegando en la proporción necesaria”, entre otras, confunden y desnaturalizan la esencia del papel que está llamado a desempeñar un Tribunal Constitucional.

El “gran tema” que debía resolver el TC no era si “el Ejecutivo y el Legislativo han hecho todo para ayudar a la ciudadanía”, sino si el proyecto se ajustaba tanto en la forma como en el fondo a la Constitución. No le corresponde a este tribunal, como se da a entender, evaluar el contenido de políticas públicas, sobre lo cual tampoco cuenta con las herramientas ni la experticia. Pero además, resolver los conflictos de poder entre instituciones es uno de los aspectos básicos de sus funciones que no cabe minimizar ni eludir. Hace algunos años, el reconocido magistrado de la Corte Suprema de EE.UU. Antonin Scalia destacaba este aspecto central de control del poder en una entrevista a este diario: “los casos que más me interesan son aquellos que involucran separación de poderes, lo que el Presidente puede hacer sin el Congreso, lo que el Congreso puede hacer sin el Presidente, si involucra al federalismo, las áreas fuera de los límites del gobierno federal y los poderes que residen en los estados”. Si ello no se resguarda, sostenía, “el estatuto de garantías puede ser ignorado, y es ignorado”. Y es que este control es precisamente lo que diferencia un gobierno democrático de los autoritarios, que suelen contar con extensas declaraciones de derechos que en la práctica no se respetan.

Aunque se le ha prestado poca atención, lo ocurrido con las rentas vitalicias, donde entre especialistas existe poca discusión sobre su carácter expropiatorio, es quizás el más paradigmático de cómo una mayoría puede terminar afectando garantías. El que el TC no entrara al fondo en una materia como esta trasciende este caso específico y se constituye en una señal de desprotección frente al arbitrio. Ello se presta, además, para que declaraciones como las de la presidenta del Senado distorsionen lo resuelto y lleguen a afirmar que “la resolución del TC ratifica que el Congreso Nacional ha actuado siempre apegado a la Constitución”.