Pareciera que los dirigentes del fútbol local tienen un germen autodestructivo. “Al fútbol chileno hay que echarle parafina y prenderle un fósforo”, dijo Juan Goñi, exvicepresidente de la FIFA, al regresar la eliminada delegación nacional de Inglaterra 66.

Seguro que existen clubes conscientes del riesgoso momento, aunque el grueso no advierte los complejos escenarios. La solicitud de Turner (TNT Sports), propietario de los derechos de transmisión del fútbol local, a la Cámara de Comercio de Santiago para designar un árbitro —luego de no llegar a acuerdo con la comisión designada por la ANFP para resolver la deuda de partidos de la corporación con la televisora— es un hecho de la mayor relevancia.

Se ve improbable que la resolución no otorgue la razón a TNT. En 2019, a raíz del estallido social, no se jugaron seis fechas y en 2020 no hubo Copa Chile. Durante ese ciclo, la compañía cumplió con el pago de los montos pactados.

Otro foco de conflicto es la apelación de la ANFP ante la Corte Suprema luego de la sanción de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), por la tozudez de generar una barrera de entrada millonaria a los equipos que ascendían a la Primera B. En esta batalla, el panorama también es poco alentador para Quilín.

Mientras esto ocurre, el directorio y la mayoría de los clubes intentan sostener el campeonato a flote en medio de la peor etapa de la pandemia. El problema es que surgen acciones irresponsables, como la de Rafael Dudamel, quien no respetó los protocolos y las instrucciones de la comisión médica de la ANFP. Todo esto a menos de un mes del brote por covid-19 que afectó a 12 jugadores azules. No muy lejos están en Everton, que sufrió la muerte del utilero Alejandro Valdés y al parecer vive un brote de la enfermedad en su plantel.

En la misma arista pandémica, Unión La Calera está contra las cuerdas. La fiscalía de Viña del Mar acusó a su arquero Alexis Martín Arias de ser suplantado en la toma de muestras de PCR, cuestión que habría estado en conocimiento del gerente cementero, Martín Iribarne. Si son encontrados culpables, el directorio de Quilín tiene que aplicar el artículo 85 del reglamento, que obliga a la expulsión del club infractor.

Todo esto mientras el rector de la Universidad de Chile reclama saber quiénes son los compradores del paquete accionario de Carlos Heller y a qué vienen a la U. Un paisaje similar al de los hinchas de Colo Colo, que miran espantados el póker bursátil de Aníbal Mosa y Leonidas Vial, los mayores accionistas de la concesionaria Blanco y Negro.

Es necesaria además una definición del directorio en el caso de Lautaro de Buin, denunciado por Fernández Vial. Al Tribunal de Disciplina no le corresponde suspender partidos ni participaciones. Lo normal sería que se viera el fondo de las acusaciones y si son culpables, reciban el castigo correspondiente. En este conflicto, las denuncias por doble contrato amenazan con un remezón de incalculables dimensiones, en especial en la Segunda División. La carta de Lautaro a Pablo Milad y la amenaza de la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, de suspender el fútbol por la irresponsabilidad de algunos actores, cierra una semana terrorífica.