El notable avance de contar con un moderno estatuto migratorio, ya despachado por el Tribunal Constitucional y próximo a promulgarse, abre nuevos desafíos de gestión para uno de los temas más complejos por los que atraviesa el país y la humanidad.

La reforma de la ley de extranjería es un logro que enaltece al Gobierno y al Congreso, pues actualiza la legislación correspondiente más antigua del continente. Asimismo, destrabó una iniciativa de ley empantanada por más de cinco años y consensuó la aplicación del principio de derecho internacional de una migración ordenada, regular y segura.

Entre las motivaciones para despachar la nueva legislación deben mencionarse, en primer término, la negativa experiencia derivada del descontrol fronterizo y de ingreso de cientos de miles de extranjeros a mediados de la década pasada —luego expuestos a los dramáticos abusos y desprotección de la indocumentación— y, en segundo término, las repercusiones internas del predecible sostenido incremento de la presión migratoria por el deterioro de las economías y del Estado de Derecho en la Región, Centroamérica y el Caribe, principalmente en Venezuela, bajo el régimen totalitario de Maduro. Este último debe responder por cerca de seis millones de expatriados, y en aumento, de los cuales alrededor de medio millón se han radicado en Chile.

Frente a estas realidades las autoridades han procedido a reforzar el control de la frontera, promoviendo el ingreso ordenado bajo el otorgamiento de visas y permisos de residencia de diversas categorías. Estos cometidos requieren de una eficaz coordinación institucional, buen funcionamiento de las dependencias del Estado y del correcto cumplimiento de la ley de extranjería por nacionales y extranjeros.

Conspira contra estas exigencias la porosidad de las fronteras terrestres, cuya vigilancia depende esencialmente del desempeño de las policías, con una colaboración excepcional y residual de algunas capacidades que pueden ser proporcionadas por el Ejército, aunque por su entrenamiento resulte ajeno para esta misión, inhibido de practicar detenciones y restringido en desplegar personal en la proximidad inmediata de algunas zonas limítrofes.

Otra dificultad surge de la reticencia y frustración de los países para convenir acuerdos internacionales concretos de cooperación, sean bilaterales o multilaterales para abordar y regular migraciones masivas. Así se ha demostrado en prácticamente todos los continentes, incluso en países comunitarios y aliados, aunque son corrientes las declaraciones de buena disposición de las cancillerías y personeros de gobiernos.

Importante es el buen funcionamiento y agilidad de los servicios consulares en el otorgamiento de visas en el exterior. La dilación y rechazos injustificados en la expedición de autorizaciones consulares son causales de ingresos clandestinos, reclamos fundados, desprestigio de políticas públicas y deterioro de la imagen internacional del país, como son también las descoordinaciones en la información, como ocurriera en la vacunación de una categoría de extranjeros residentes y en las expulsiones. Decisivas son la oportunidad y la rapidez en el otorgamiento y rechazo de los permisos de residencia y en la normalización de los ingresos irregulares, que corresponde al servicio para la extranjería y migración. La nueva ley abre un procedimiento de normalización de tales ingresos bajo ciertas condiciones.

Las migraciones no son un problema. Constituyen desafíos y oportunidades posibles de capitalizar en favor del país y de los migrantes, mejorando la coordinación y eficiencia de los servicios públicos encargados de su gestión.