Uno de los asuntos más importantes que abordará la Convención Constituyente dice relación con el modelo de Estado. Se afirma que la pregunta que a grandes rasgos deberá afrontarse, es si continuaremos con un modelo subsidiario o si, por el contrario, avanzaremos a uno en que lo social sea prioritario. Sin embargo, tal dicotomía entre subsidiariedad y Estado con un prioritario rol social no es más que aparente. No solo no existe contradicción entre ambos principios, sino que entre ellos hay exigencias recíprocas que es interesante considerar.

Cuando se habla de Estado social, se enfatiza en el fortalecimiento de la función gubernamental para satisfacer necesidades en ciertas dimensiones significativas de la vida, como salud, pensiones, educación o vivienda. Este fortalecimiento del rol social del Estado suele traducirse en procurar asegurar a todos los habitantes de la comunidad política el acceso a los bienes que colman tales necesidades públicas, sin que su acceso dependa, por tanto, de las condiciones económicas de los ciudadanos. La modalidad de concreción de tal propósito varía política y técnicamente, pero no riñe necesariamente con una adecuada e integral noción del principio de subsidiariedad.

La subsidiariedad, en efecto, comprendida como colaboración y asistencia y no únicamente como mera suplencia o ausencia —como muchas veces se ha intentado reducir—, es un principio que contribuye al despliegue del Estado social desde dos perspectivas. La primera es que la subsidiariedad ofrece una justificación sólida para el establecimiento de un Estado que cumpla un activo rol social: en cuanto principio social, la subsidiariedad exige que el Estado colabore con las personas y con las agrupaciones sociales para que alcancen sus fines y asuman sus responsabilidades sociales.

Así, puede afirmarse que una primera manera de realizar esta colaboración es justamente asegurando el acceso a bienes materiales sin los cuales no sería posible la vida social. Esto es, además, lo que supone otro principio íntimamente vinculado con la subsidiariedad: el bien común, uno de cuyos elementos indispensables —aunque no el único ni el más importante— es la provisión de los bienes necesarios para la vida (lo cual lleva consigo el deber estatal de ejercer potestades de distribución).

En segundo lugar, hay un aspecto de la subsidiariedad que también exige afrontar y vigilar una de las implicancias más relevantes de un Estado social: la solidaridad entre los ciudadanos. La subsidiariedad es crucial, en este sentido, pues supone que la responsabilidad por el bien de todos les corresponde a todos, atribuyéndoles a los ciudadanos una función primaria. Este principio reclama, así, un rol social y colaborativo no solo al Estado, sino a la sociedad toda.

Si bien es cierto que no existe verdadera subsidiariedad sin solidaridad, tampoco hay solidaridad si esta es tarea exclusiva o preferente del Estado. Si lo que se busca con un Estado social es, entre otras cosas, fortalecer el compromiso de los ciudadanos para con el bien común y recíproco (superando el individualismo hoy imperante), la subsidiariedad es indispensable. Al demarcar adecuadamente el rol social del Estado, la subsidiariedad busca evitar que este sustituya a los ciudadanos a la hora de asumir sus propias responsabilidades sociales, sustitución que haría imposible la solidaridad.

Es necesario despejar, entonces, la aparente contraposición entre subsidiariedad y Estado con prioridad en lo social para comprender que ambos (el primero como principio social y el segundo como modelo del Estado) pueden complementarse y beneficiarse, recíprocamente.

Ignacio Covarrubias Cuevas
Cristóbal Aguilera Medina
Profesores Facultad de Derecho Universidad Finis Terrae