La inauguración del Año Judicial 2021 se realiza luego de un período complejo y excepcional, marcado por la Pandemia, que ha obligado al Poder Judicial a tener que adaptarse a una tramitación a distancia, evitando así la parálisis de su función jurisdiccional. A pesar de las medidas adoptadas y del esfuerzo desarrollado por los distintos actores, el impacto de la crisis sanitaria en la administración de justicia ha sido considerable, y cabe esperar que una puesta al día en diferentes materias se produzca durante este año.

Quizás el aspecto más relevante que planteó en su discurso el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, se refiere a su disposición a colaborar en el proceso constituyente y particularmente su referencia a la independencia judicial como “piedra angular”. Dados los lamentables episodios de acusaciones constitucionales sin fundamento y ciertas actuaciones del Senado en los nombramientos de ministros, en que ha habido una notoria intromisión en las funciones jurisdiccionales, la defensa de este principio parece hoy más necesaria que nunca. Se trata de uno de los aspectos centrales de toda Constitución, que bajo diversos argumentos y regulaciones puede ser fácilmente afectado por intereses partidistas, con grave perjuicio para el Estado de Derecho. Contribuye también a la independencia judicial el que en los nombramientos de magistrados, especialmente ministros de la Corte Suprema, más allá de simpatías ideológicas se elija a quienes tengan una formación jurídica profunda y equilibrada, sin sesgos, y con la fortaleza para poder fallar de acuerdo al mérito del proceso, con independencia de si ello resulta impopular o molesta a un sector político. El Ejecutivo debe tomar esto en consideración a la hora de proponer los nombres al Senado, evitando un pareo ideológico entre sectores políticos que ha sido dañino para la administración de justicia.

Hizo también el magistrado una escueta referencia a que se estaban preparando para el papel que la reforma a la Constitución les asignó para resolver ciertas controversias “de carácter procedimental” que se produzcan dentro del seno del funcionamiento de la Convención Constitucional. Se trata de un aspecto que, dependiendo de las circunstancias, pudiera ser central para ordenar el proceso de acuerdo con lo establecido en la reforma.

En otros aspectos, no cabe sino compartir las palabras del presidente de la Corte Suprema cuando expresa su preocupación sobre la postergación de la Reforma Procesal Civil. Su llamado “a superar la inercia en que hemos caído” porque a estas alturas “parecemos estar más cerca de abandonar un esfuerzo de 15 años, que de hacer realidad esta reforma”, es elocuente. Siempre parece haber una razón para quitarle prioridad a este proyecto, en circunstancias de que se trata de uno de los cambios que tendrían mayor impacto en la ciudadanía.