Señor Director:

La rapidez con la que se han concretado las expulsiones masivas de migrantes los últimos días ha llamado la atención de toda la sociedad civil, preocupada de la forma en que se está desplegando la política migratoria nacional y su relación con los derechos humanos.

La celeridad que se le exige al Estado en sus actuaciones debe considerar siempre el respeto a los derechos de los habitantes de la República, incluyendo extranjeros, independiente de su calidad o forma de ingreso, entre los que destaca el derecho al debido proceso y a la asistencia jurídica gratuita, los que deben ser fortalecidos con urgencia.

La nueva Ley sobre Migración (por publicarse) delega en las corporaciones de Asistencia Judicial el deber de asegurar la revisión de los decretos de expulsión y de otorgar patrocinio judicial a favor de migrantes para reclamar contra ellos. Tal competencia resulta novedosa, toda vez que, hasta hoy, el ordenamiento nacional ha omitido hacer referencia al deber del Estado de establecer programas de asesoría de defensa judicial gratuita para migrantes, tal como obliga la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Esperamos que este sea el inicio de una vigorosa política migratoria, donde las expulsiones de extranjeros se sustancien en plena conformidad al debido proceso y al acceso a la justicia.

Juan Pablo Olmedo
Fundación Pro Acceso
Gaspar Jenkins Peña y Lillo
Centro de Justicia Constitucional, UDD
Tomás Greene Pinochet
Servicio Jesuita a Migrantes