Solo restan trámites procedimentales para la promulgación del nuevo Estatuto Migratorio aprobado por el Congreso. El texto ha sido despachado por el Tribunal Constitucional (TC); su tramitación legislativa se prolongó por ocho años y había permanecido empantanado durante el gobierno anterior.

Chile necesita del avecindamiento de extranjeros. Indiscutibles son tanto sus derechos como sus valiosos aportes al progreso y la demografía nacional.

Destacable es, en ese contexto, el oportuno fallo del TC, que consolida las atribuciones del Estado para aplicar el principio del derecho internacional de una migración ordenada, regular y segura; las facultades para el control de ingreso, visados y expulsión; los mecanismos para su control administrativo y judicial, y el gradual acceso a la seguridad social y a la vivienda de los migrantes.

La acogida de seis de los catorce requerimientos planteados por parlamentarios del Partido Comunista (PC) y del Frente Amplio no altera la sustancia de la legislación recientemente aprobada. Las modificaciones se reducen a eliminar una de las sanciones a la contratación reiterada de extranjeros que permanecen sin autorización en el país; cambios en el proceso de retorno de menores abandonados que han ingresado clandestinamente al territorio nacional; restricción del plazo de vigencia de la prohibición de ingreso de extranjeros expulsados del país; eliminación del plazo máximo para su expulsión, y omisión de la continuidad de cinco años de avecindamiento para el sufragio. Paradójico resulta en todo caso que el requerimiento haya tenido entre sus patrocinantes a miembros de partidos que no solo han pretendido antes deslegitimar la labor del TC, sino que además —en el caso del PC— han mantenido permanente apoyo hacia regímenes que desconocen y limitan el derecho a emigrar.

Más allá de esa discusión, resultaba impostergable reemplazar el decreto ley sobre extranjería de 1975, una de las normativas más añosas del mundo, concebida para una muy distinta realidad interna, regional y mundial.

El actual gobierno debió enfrentar al asumir una situación de extendido descontrol fronterizo, con escasísima vigilancia, bajo presiones migratorias sin precedentes de cientos de miles de extranjeros que ingresaban con mínima y debilitada fiscalización, decenas de miles con permisos fraudulentos, o indocumentados, en algunos casos, con implícita aprobación de las irregularidades. Un número considerable de ellos quedaron expuestos a la extrema pobreza, hacinados, sometidos al abuso, al tráfico de personas y a la desprotección.

Reconocidos organismos internacionales, invocando las crisis económicas y sociales en la región, anticipan un incremento significativo en la presión migratoria. Reiteradas encuestas registran, a su vez, la inquietud de la opinión pública por sus implicancias en la alta desocupación que afecta a más de un millón de trabajadores chilenos.

En los últimos años se han efectuado avances notables en la normalización de situaciones irregulares y se ha puesto en práctica un proceso para agilizar la expedición de visas de ingreso, para el otorgamiento de permisos de residencias y seguridades en la frontera. Por cierto, la gestión migratoria no se agota en una ley. Requiere reglamentación que debería dictarse con prontitud; exige revisar periódicamente las políticas de esta categoría, y supone el buen funcionamiento de los servicios competentes.

En cualquier caso, notable y alentador para otras legislaciones pendientes y complejas es que ambas Cámaras y el Gobierno lograran consensuar un texto que aborda uno de los fenómenos más críticos de este siglo, causante de divisiones y desacuerdos en Europa, Estados Unidos y otras naciones.