Considerable daño causa a los intereses nacionales, al empleo y producciones chilenas, y a la competitividad y prestigio internacional del país la incomprensible postergación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP11, el más inclusivo y mayor acuerdo comercial promovido por Chile, que ha dejado pendiente la presidenta del Senado, con respaldo de senadores de oposición.

El procedimiento dilatorio desconoce la legítima calificación de urgencia presentada por el Gobierno, y desde esa perspectiva infringe la ley orgánica constitucional del Congreso y el reglamento del Senado. Asimismo, se contrapone con las buenas prácticas legislativas de anteponer el interés general por sobre otras consideraciones. Cabe reconocer que, en este difícil contexto, el Gobierno ha buscado mantener una actitud de diálogo que permita terminar con el bloqueo impuesto a la discusión. De hecho, el ministro de la Segpres, luego de reunirse ayer con la presidenta de la Cámara Alta, ha señalado la disposición del Ejecutivo para postergar la votación hasta marzo, pero declaraciones posteriores de la titular del Senado han relativizado también esa posibilidad.

Objetar la discusión inmediata del acuerdo argumentando la división que provoca en la oposición es contradictorio con su anterior y transversal aprobación en la Cámara de Diputados, y da cuenta de una subordinación a presiones políticas y cálculos electorales, por encima de las responsabilidades parlamentarias. A ello se suma la inconsecuencia de parlamentarios opositores que antes habían celebrado, promovido y apoyado el libre comercio y la apertura al Pacífico como políticas de Estado.

La objeción de exigir mayor tiempo y clarificaciones para el despacho de esta iniciativa se contrapone con la realidad, considerando que el tratado fue suscrito en marzo de 2018, en Santiago, en ceremonia encabezada por la expresidenta Bachelet y el entonces canciller Heraldo Muñoz. Su puesta en marcha quedó comprometida a la aprobación legislativa, inexplicablemente pendiente, ahora sine dia. Insólita es la propuesta de una senadora de postergar la discusión hasta contar con una nueva Constitución: equivaldría a aislar a Chile de las negociaciones internacionales durante un año y medio.

Pierden el país y los chilenos al restarse a mejores accesos y preferencias arancelarias para las exportaciones a un mercado de más de 500 millones de habitantes, segundo en importancia después del de China, superior al de la Unión Europea y al de los Estados Unidos. Ganan en competitividad sobre Chile países como Perú, Nueva Zelandia y Australia, y otros miembros de la asociación que ya aprovechan sobre tres mil nuevas facilidades arancelarias y positivos mecanismos de acumulación de normas de origen; estos fueron facilitados luego de que Donald Trump decretara la marginación de Estados Unidos por el rechazo a su propuesta de una veintena de disposiciones y numerosas restricciones inaceptables, eliminadas por sensibles para Chile y demás participantes. Paradójicamente, con la postergación del Senado se emite una señal que permite asociarnos al anacrónico proteccionismo y políticas comerciales del saliente Presidente norteamericano.

Comprensible es el desaliento y reclamo que esta dilación provoca en el sector exportador, empleador de cerca de tres millones de trabajadores, con decenas de miles de pequeños y medianos empresarios, aportantes de casi un tercio del producto nacional.

Los parlamentarios opositores del TPP11 y la mesa del Senado harían bien en revisar su decisión dilatoria, asumir sus responsabilidades y hacer realidad las oportunidades que ofrece este tratado al prestigio del Senado, producciones y trabajadores chilenos, la política comercial, la diplomacia y la imagen y confianza que merece Chile.