Señor Director:

Después de un anormal 2020, el año 2021 lo recibimos con variados titulares de balaceras en distintas comunas del país. Esa violencia en los territorios es una situación que hace varios años vemos que va en aumento y se constituye en un problema altamente complejo.

Para abordarlo se requieren políticas públicas articuladas, más allá de las propuestas de aumento de penas y atribuciones a las policías, las que no son suficientes para dar respuesta efectiva a los problemas estructurales que la han provocado.

Lamentablemente, esta situación de violencia también afecta gravemente el derecho de niños, niñas y adolescentes a un nivel de vida adecuado, que les permita el desarrollo del máximo de sus potencialidades, que el Estado está obligado a garantizar de acuerdo a las normas internacionales que ha suscrito en diversos tratados de derechos humanos. El déficit en la satisfacción de derechos sociales que marcó la crisis social desatada en octubre de 2019 es una buena muestra de las deudas que tenemos en este ámbito.

Erradicar la violencia en los territorios no solo pasa por mejorar los mecanismos de persecución penal, sino también por abordar las problemáticas sociales que la generan, de manera integral y articulada. Esto implica, además, implementar mecanismos para la resolución de los conflictos basados en el diálogo y la participación de las comunidades que, en definitiva, permitan mejorar las condiciones de vida, que hoy la tornan tan precaria y vulnerable a la violencia.

Milagros Nehgme
Directora ejecutiva de Corporación Opción