¿Cómo debiera orientarse la política macroeconómica este 2021? ¿Será necesario volver a calibrar la regla fiscal de manera de tener un aún mayor gasto del Gobierno?

Hay economistas que han señalado que es tiempo de revisar el acuerdo político de los US$ 12 mil millones (que definió el marco presupuestario para 2021), de manera de aumentar el gasto planeado para este año. Ello permitiría, por ejemplo, incrementar ayudas, como el Ingreso Familiar de Emergencia. Sin embargo, esto también puede hacerse reasignando recursos; no es suficiente razón para aumentar el gasto total.

Varios de los argumentos para defender un mayor estímulo fiscal están equivocados, pero no todos.

¿Deberíamos aprovechar los ingresos que entrega el mayor precio del cobre para gastar más? En junio del año pasado, cuando se fraguó el acuerdo fiscal, se esperaba que el precio del cobre estuviese muy por debajo de los US$ 3,6 actuales. De mantenerse sobre US$ 3,5, el fisco recibiría este año del orden de US$ 5.500 millones que no estaban contemplados hace seis meses. ¿Por qué no gastarlos?

Parece un argumento razonable, sin embargo, no lo es. Nuestro país no decide su política fiscal según sus ingresos de un año, sino que en base a sus ingresos estructurales o permanentes. De hecho, hoy sería posible financiar un gasto mucho mayor al presupuestado. Con la posibilidad de endeudarse a una tasa de interés real a 10 años de cero, la respuesta a cuánto gastar no depende, como en algunos países, de cuánta “guita” se logre juntar. Necesitamos una política fiscal para hoy y para los próximos años.

También es un error pensar que hay que replicar lo que otros países están haciendo, como Estados Unidos, que desplegará un nuevo paquete fiscal. A diferencia del país del norte, nuestro acuerdo fiscal evitó tener un “precipicio fiscal” o una disminución abrupta del gasto fiscal durante 2021. Estados Unidos está reconociendo que no es momento de iniciar la austeridad.

Pero, como dijimos, no todos los argumentos para recalibrar el gasto son malos; algunos tienen méritos.

Quizás el más relevante sea la combinación entre la extensión y profundidad del ciclo negativo y el efecto económico de la segunda ola de contagios. Es cierto que la vacuna ya es una realidad. También, que la economía se ha recuperado desde su peor momento en el segundo trimestre del año pasado con lo que posiblemente cayó 6% en 2020, solo medio punto peor de lo que se consideraba como escenario base hace seis meses. Sin embargo, el contexto importa y el resultado está lejos de ser tranquilizador. La fuerza intrínseca de la economía interna es débil.

El retiro de los fondos de pensiones durante el segundo semestre fue de US$ 30 mil millones, más del doble del acuerdo fiscal (por 24 meses) y, sin duda, alimentó la demanda interna. En paralelo, las condiciones externas han sido bastante positivas. Desde junio a diciembre pasado las exportaciones crecieron en promedio sobre 7% anual.

Es probable que continúe el arrastre de la economía internacional, pero gastar hoy parte de las pensiones futuras tendrá un efecto sobre la demanda que será como un subidón de azúcar, intenso, pero breve. No será fácil apuntalar la demanda interna.

¿Qué hacer entonces?

La discusión no puede pasar por alto que Chile tuvo una exitosa regla fiscal que se ha debilitado gradual, pero persistentemente. Este gobierno ya lleva tres decretos especificando una regla fiscal y, con un cuarto, mejor dejar de hablar de “regla fiscal” y llamarlo “decreto fiscal”. Es como si una persona anunciara cada año nuevo la meta de iniciar una dieta saludable, pero cada vez come más y más.

Pero lo anterior tampoco significa cruzarse de brazos.

Específicamente, en el corto plazo, el Gobierno debería: (i) ser más proactivo para limitar el aumento de los contagios (es ahí donde de verdad se juega el partido); (ii) desplegar con más eficacia y simplicidad el IFE y otros apoyos sectoriales, reasignando desde los abultados recursos destinados a inversión y que serán muy difíciles de ejecutar por la situación sanitaria; (iii) en línea con lo acordado en junio, calcular el gasto de 2020 y suplementar el de 2021 si hubo una subejecución mayor a la pactada.

Un paso más significativo —pero dentro de la institucionalidad de la regla fiscal actual— sería convocar a la comisión del precio del cobre para actualizar el precio de largo plazo. Ello permitiría gastar aquella parte del aumento que se considera permanente. Esta actualización se hizo en 2016, para guiar el ajuste, cuando el precio del cobre fluctuaba en torno a US$ 2.

Solo si después de estas acciones se verifica que el estímulo fiscal es insuficiente, deberíamos pensar en diseñar otro plan fiscal. Hay un fino balance que cautelar: quizás sea bueno profundizar la expansión fiscal actual, pero no hay que olvidar que ello implica mayores esfuerzos de ajuste más adelante. Igual como las resoluciones de año nuevo, si han de tener algún valor, los planes alguna vez hay que cumplirlos.