Notable es la influencia del Partido Comunista en la oposición chilena, a pesar del fracaso universal de su modelo. El PC, sin asumir sus contradicciones en la materia, lidera las impugnaciones del nuevo Estatuto Migratorio ante el Tribunal Constitucional, con apoyo de algunos legisladores de partidos opositores.

Accionar en el Tribunal Constitucional es perfectamente legítimo y correcto. También es comprensible disentir de una política migratoria que apunta a la formalidad, contraria al descontrol y a sus negativas repercusiones. Otra cosa es recurrir a esa instancia con propósitos instrumentales, para postergar la vigencia de una ley. Es lo que están logrando el PC y sus aliados en esta causa, en perjuicio de una legislación integral y moderna, en reemplazo del más discrecional y añoso régimen migratorio del continente, de 1976, que gobiernos anteriores prometieron cambiar y fueron incapaces de sustituir.

El proyecto de ley aprobado por el Congreso, después de siete años de tramitación, apunta a promover el principio de una migración ordenada, regular y segura, con una institucionalidad renovada, para una mejor protección de los derechos laborales y humanos de los migrantes, que sus detractores dicen defender.

La aprobación de ese texto fue ampliamente celebrada; objeto de un minucioso e intenso debate, demostró la capacidad de los legisladores, de oposición y de gobierno, de lograr acuerdos para atender a la presión migratoria que en pocos años se quintuplicó, representando sobre el 7% de la población. Se estiman en más de un millón y medio los residentes extranjeros, atraídos por las oportunidades que ofrece nuestro país frente al deteriorado entorno regional, en especial de Venezuela bajo el régimen de Maduro, recientemente felicitado por la dirigencia comunista local.

En las convenciones internacionales se reconoce como fundamental el derecho a emigrar, a trasladarse libremente al extranjero. A la vez, en todos los continentes se contempla el derecho de los Estados para regular el ingreso de extranjeros sin discriminaciones arbitrarias. Inevitable en este cometido resulta considerar las malas experiencias, como fuera el descontrol migratorio durante el gobierno anterior, que permitió el avecindamiento de falsos turistas, expuestos a desprotección y abusos por ingresos fraudulentos y clandestinos, presionando a la baja en las remuneraciones de los trabajadores chilenos no calificados, cientos de miles cesantes.

Lo insólito es que los comunistas objeten la ley migratoria cuando los países que han gobernado desconocen el derecho a migrar, el más fundamental de los derechos de esta categoría. Cientos de millones quedaron atrapados en esos territorios. Aquello sigue sucediendo en Cuba. También esos regímenes aplican las más severas restricciones a la llegada de inmigrantes y al retorno de sus propios nacionales disidentes, sin posibilidad de reclamar ante instancia independiente alguna.