Nos consta que las democracias pueden morir. Hay quienes temen que su vigencia, de poco más de doscientos años en la larga historia de la humanidad, puede que resulte ser un mero paréntesis en una trayectoria prácticamente ininterrumpida de violencia, abusos, miseria, tiranía y sumisión de las mayorías al poder de unos pocos.

En este contexto, y considerando las razones muy potentes que tenemos nosotros para recelar del futuro de nuestra democracia, debido a los violentos sucesos y el desacato a la ley y a la Constitución que se han hecho comunes, debemos reflexionar acerca de las razones por las cuales nuestra propia democracia se derrumbó en la década de los 70.

No ha sido fácil la tarea de analizar con libertad las causas del colapso institucional, pues se ha erigido un veto implacable a buscar las causas de la intervención militar. Entre otras razones, porque la historiografía parece estar al servicio de fines supuestamente superiores a la búsqueda de la verdad y ha devenido en dispensadora de juicios de valor, que aprueba y condena, sin intentar comprender. Se afirma que explicar sería sinónimo de justificar; se acusa que cualquier intento por abrir la mirada hacia los sucesos previos al golpe militar, que terminó por poner la lápida a una democracia desfalleciente, podría relativizar las violaciones a los derechos humanos.

Hubo una época, previa a la transición, en que se generaron fructíferas discusiones transversales, desde la derecha democrática al socialismo renovado, tratando de comprender el pasado, de saber qué ocurrió y por qué, y qué relación de causas y efectos se podía construir a partir de esos hechos. Esto es importante, porque solo en esta comprensión radica la única posibilidad de beneficiarse de la experiencia del pasado.

Y así, como resultado de múltiples encuentros y reflexiones, se llegó a un cierto consenso de que entre las causas principales del colapso de la democracia estaba el intento de la Unidad Popular por imponer, sin tener la mayoría para ello, un programa de cambios radicales y de hacerlo por una combinación de resquicios legales, política de hechos consumados y uso de la violencia como instrumento válido para alcanzar los objetivos políticos deseados.

Muchos dirigentes políticos expresaron entonces sus convicciones violentistas; otros lucharon por la vía armada, hicieron suyos los postulados revolucionarios de Cuba, expresaron su voluntad de enfrentarse a las fuerzas armadas y, en general, renegaron de la democracia liberal representativa por “burguesa y meramente formal”.

El problema es que la democracia es muchas cosas, pero no es nada sin, por lo menos, el rechazo de la violencia. Las construcciones artificiales de la civilización, las normas, leyes e instituciones, que regulan y en ciertos casos inhiben los instintos primarios más agresivos y violentos del ser humano, han resultado eficaces en la protección de la libertad y de los derechos esenciales. Entre ellas, la democracia ha sido comprobadamente una expresión más eficaz que otras para los efectos de proteger los derechos humanos, la paz social y la convivencia. Pero, ciertamente, no es compatible con la exaltación de la violencia.