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Cartas
Lunes 23 de noviembre de 2020
Saliendo del letargo del sistema legal
Señor Director:
En el editorial “Letargo del sistema legal”, publicado en su edición del sábado 21 del corriente, se formulan importantes consideraciones acerca de la ralentización en que se encuentran las instituciones administrativas y judiciales del país, situación que amenazaría la protección de los derechos de las personas en forma efectiva.
Justificación tienen en cierta medida las observaciones de esta reflexión, que apuntan a una lentitud en la modernización del Estado. Sin embargo, no parecen estar en conocimiento de lo que está ocurriendo o en vías de suceder en estos precisos días.
Así, la queja que expresa respecto del Registro Civil desconoce la transformación gradual del servicio para operar en forma remota, sin presencia física en las oficinas para obtener certificados, por citar un caso central. Hoy el servicio entrega anualmente más de 43 millones de certificados de la más variada índole y el 92% de ellos se tramita en forma virtual, vía internet, celulares y tótems de autoatención, y los entrega en forma gratuita solo si son obtenidos de modo virtual. La clave única se puede gestionar también sin concurrir al servicio. Respecto de las cédulas de identidad y pasaporte, se encuentra en plena licitación la modernización de su otorgamiento que, a partir de 2022, permitirá avanzar en rapidez, seguridad y reducción de costos. ¡Toda una revolución en marcha!
Es justo recordar también los profundos cambios al sistema notarial y registral en trámite legislativo, que les facilitarán la vida a las personas una vez que esta iniciativa se apruebe y que está en segundo trámite constitucional en el Senado, aunque sin mostrar avance alguno desde enero de este año.
En el ámbito judicial, preteridos por los hechos del 18/O y de la crisis sanitaria, hemos podido retomar recién el camino de presentación de la tan anhelada reforma procesal civil, así como de cambios sustantivos en el sistema de justicia penal, que incluyen el nuevo Código Penal, tribunales de ejecución de penas y un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia (con defensoría de víctimas), entre otras iniciativas.
En lo inmediato, respecto de las inquietudes del editorial referidas a los efectos de la postergación de audiencias y actuaciones judiciales a raíz de la pandemia, recuerdo que hemos presentado el 2 de septiembre un proyecto que se hace cargo de la situación con cambios transitorios y permanentes en la judicatura penal, civil, de familia y laboral, introduciendo reglas que procuran dar eficacia al sistema de justicia, limitando la presencia física de las personas en los tribunales e incorporando tecnología y modificaciones normativas a los principales procedimientos. No solo permitirá postergar en forma transitoria plazos para enfrentar lo inmediato, sino que bajo la lógica de modernizar la dinámica de funcionamiento de los tribunales, se reforman diversas instituciones procesales que operan aún como si estuviéramos en el siglo pasado.
Si bien hay mucho que hacer, estamos saliendo del letargo en forma resuelta. El Gobierno está haciendo su trabajo con dedicación y compromiso. Ahora es el turno del Congreso, el que debe ponerse a trabajar en estas iniciativas, las únicas que aseguran el acceso a la justicia y permiten proteger en forma debida los derechos fundamentales de las personas. Los legisladores tienen la palabra.
Hernán Larraín F.
Ministro de Justicia y DD.HH.