El reciente plebiscito simboliza un gran paso en el cauce institucional de la crisis que estalló hace un año y que, de no mediar el acuerdo que le dio origen, podría haber tenido consecuencias negativas difíciles de dimensionar. Sin ir más lejos, la incertidumbre está ahora más acotada y los hechos de violencia circunscritos a los grupos radicalizados. Entonces no parece aventurado señalar que se ha fortalecido —y validado— la idea de que la paz social y el orden institucional son el único camino para construir un país mejor.

En este contexto, el éxito del proceso constituyente, incluyendo la elección de los integrantes de la Convención Constitucional y el resultado de su trabajo, dependerá en gran medida de la calidad de la conversación que tengamos entre nosotros desde ahora. Un ejercicio que obliga a evitar la ideologización y la moralización del debate, que se produce cuando las disyuntivas se presentan sin matices o se abandona el sentido de realidad.

En los tiempos que corren, marcados por el desplome de la confianza en las instituciones, surgen con relativa facilidad los fundamentalismos. Grupos que funcionan con un juicio moral sobre el mercado y aspectos fundamentales del orden constitucional, ubicados a la izquierda del espectro político, los lleva a sobrevalorar la capacidad que tienen las fórmulas simples para transformar la sociedad, y que se alejan de la evidencia de progreso que muestran las democracias avanzadas. Del otro lado, más identificados con posturas conservadoras de derecha, hay sectores que creen que la única variedad exitosa de capitalismo es la que existe en el país, sin observar las deficiencias que este modelo ha tenido en nuestro desempeño económico y social, al menos en los últimos siete años.

Es verdad que las políticas de mercado, apertura y estabilidad macroeconómica permitieron aprovechar el entorno favorable de la economía internacional en los 90 o en el denominado superciclo. Pero también es cierto que cuando este escenario se deterioró, nuestra variedad de capitalismo no fue capaz de adaptarse para mantener el crecimiento y generar las condiciones propicias para un desarrollo sostenible del país.

Una reflexión crítica de la experiencia de las últimas décadas debe reconocer que los mercados aportan dinamismo y progreso, pero también que esta función la ejercen mejor cuando están asentados en una arquitectura institucional más amplia, que asegura que su funcionamiento está en sintonía con el bien común. Esta visión se aparta tanto de la desconfianza en el mercado de sectores de izquierda, como de la idea de su capacidad de autorregulación y de operación libre de interferencias, que sostienen sectores de derecha.

La evidencia muestra que para que el Estado pueda ejercer la función de orientar a los mercados hacia el bien común, es necesario que los principios de la libertad, el emprendimiento y el derecho de propiedad estén alineados con los intereses de la sociedad. El estallido social muestra que cuando esta condición falla, hay una pérdida de eficiencia, los mercados se deslegitiman y la estabilidad social y política se ve amenazada. De ahí la necesidad de co-construir nuevos acuerdos institucionales, que se apoyen en redes de colaboración, asociaciones público–privadas, inteligencia colectiva y el control del Estado por parte de la sociedad. Si bien es una tarea compleja, para la cual no hay soluciones simples, es inevitable asumir los desafíos que ella implica.

El proceso constituyente en desarrollo enfrenta un gran desafío en este sentido. Debe reconocer la necesidad de una sociedad activa, que acepta su diversidad y fomenta la participación de los ciudadanos en la vida social y política del país. Asimismo, representa una oportunidad histórica para corregir el debilitamiento del tejido social que se ha producido en las últimas décadas y establecer una gobernanza abierta a la ciudadanía, descentralizada y con equidad territorial, que contribuya decididamente a la desconcentración del poder y a una mejor democracia.

No partimos de cero. La institucionalidad para la estabilidad macroeconómica, incluyendo los principios de responsabilidad fiscal, iniciativa exclusiva del gobierno en materia de gasto y la autonomía constitucional del Banco Central, han mostrado que son mecanismos efectivos y coherentes con una democracia avanzada, por lo que debiesen mantenerse en las diferentes variedades de capitalismo que se discutan.

Las condiciones para la igualdad de oportunidades y para asegurar una vida digna a los habitantes del país también admiten diferencias. El enfoque de la focalización estricta generó una brecha de dignidad, documentada hace tiempo, que debe ser corregida a través de prestaciones universales, que respondan a la disponibilidad de los recursos del país y al esfuerzo tributario para financiar los nuevos gastos permanentes.

Otro factor que debe ser parte de la reflexión que viene, es la forma en que se incorpora a las generaciones futuras en las decisiones políticas. La mayoría de los países no ha reconocido explícitamente estos derechos, ni hay instituciones públicas que resguarden sus intereses ante las decisiones enfocadas al corto plazo. Pero esta es una realidad que está cambiando y Chile puede hacer un aporte a través de una innovación institucional que instale esa particular mirada de futuro en las decisiones políticas.

En síntesis, el futuro de Chile será lo que hagamos y decidamos entre todos. La calidad de la obra que construiremos dependerá de nuestra capacidad para crear un ambiente en el que los ciudadanos podamos reflexionar acerca de las experiencias pasadas y los anhelos futuros. Esa es la conversación que necesitamos ahora.