Si toca mudanza —bien lo saben militares, diplomáticos y nómadas—, lo pasan mejor quienes saben dónde está cada cosa y dónde ubicarla en su destino.

En mayo de 2021, el Estado comienza a aplicar la Ley de transformación digital (https://bit.ly/3n8qGyn), que lo impulsa a acelerar el tranco para pasar, de operar en papel, a funcionar con documentos digitales.

El 11 de noviembre próximo —en 27 días— la Contraloría debería aprobar los reglamentos que regulan esa mudanza. Hacienda, la Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de Cultura están involucrados en su redacción.

“Es una ley infinitamente ambiciosa”, dijo el abogado José Inostroza Lara, asociado al Centro de Sistemas Públicos de la U. de Chile, en un seminario sobre el tema (https://bit.ly/2SblHP0).

Es una mudanza gigantesca. Se supone que para 2024 deberá completarse. (La ley no cubre al Poder Judicial, ya digitalizándose, ni al Congreso).

El presupuesto para esta gigantesca transformación, que incluye a los municipios, es de 5 millones de dólares, según el abogado Inostroza, que cita a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ojalá el ítem resista la discusión de la Ley de Presupuestos.

Claudio Reyes, superintendente de Seguridad Social, dijo que esta ley merece ser considerada una palanca vital para el desarrollo del país.

Una vez en funcionamiento, los ciudadanos podremos operar con todas las organizaciones administrativas —el Registro Civil, Fonasa, las superintendencias, los municipios, Corfo, Aduanas, Sename—, en forma simple y a distancia.

Si un servicio necesita un documento y está en el archivo de otra entidad, aparecerá automáticamente gracias a la digitalización. El ahorro de tiempo, la facilidad de atención, la búsqueda de documentos antiguos, se simplificarán tal como Google lubrica la operación de la información.

El Registro Civil tendrá el enorme desafío de garantizar la identidad digital de cada cual. Muchas tareas complejas.

Durante el seminario aparecieron fortalezas del país. Por ejemplo, lo logrado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que digitalizó los procedimientos para registrar marcas y patentes, acercándolas a quien tenga conexión a internet.

O el ejemplo de Impuestos Internos, el Registro Civil, la Tesorería General de la República y algunos municipios.

La transformación, reconoció José Inostroza, asumirá tareas de un 20% de los funcionarios: estafetas, secretarias… Desvincularlos sería catastrófico. Pero como el Estado requiere muchos servicios presenciales: sociales, de salud, de atención municipal, podrá negociarse esa metamorfosis.

Claudio Reyes advirtió que podría surgir el sabotaje al proceso. Abogó por que cada organismo estudiara los procedimientos que van a digitalizarse y generara un plan para gestionar el cambio.

Es de las iniciativas más importantes en los últimos diez años, dijo José Inostroza. Una mudanza que nos cambiará la casa y la calidad de vida.