Señor Director:

En su edición del 23 de septiembre, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, sostiene que “son innumerables los trámites que la ley exige cumplir a los ciudadanos para una mera pero inexplicable formalidad”.

Al respecto quisiera plantear que hace más de un año la Asociación solicitó al ministro de Justicia, Hernán Larraín, eliminar 10 trámites notariales innecesarios que piden las propias instituciones públicas, listado que se podría ampliar en una mesa de trabajo con la cartera.

Como gremio, fomentamos también hacer más eficiente el sistema con la incorporación de tecnología, a través de videollamadas en una veintena de trámites privados, donde el ministro de fe puede comprobar la identidad y voluntad de quien realiza un trámite.

Asimismo, la alcaldesa habla de inequidad al suponer que son los costos notariales los que impiden a emprendedores acceder a créditos y otros beneficios. Esta aseveración no se ajusta a la realidad, como lo reflejan estudios que identifican dichas dificultades en causas como los requisitos para acceder a créditos, o el valor de las patentes y de permisos.

La tecnología es una herramienta fundamental, pero la falta de acceso a ella es también una causa de inequidad y, hoy, es necesario elevar los estándares de seguridad para impedir la vulneración de los sistemas informáticos, como ha ocurrido en Chile. En cambio, la seguridad radica en los intentos de abusos que evitamos como ministros de fe, cuando algunos inescrupulosos quieren obtener actos de disposición de bienes de personas de la tercera edad y grupos de la población más vulnerable.

Queda, sin duda, espacio para optimizar nuestra labor, pero sin olvidar que es necesario resguardar la seguridad jurídica de los actos realizados.

Alfredo Martin Illanes
Vicepresidente Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales