La discusión sobre una reforma al sistema de pensiones ha vuelto al primer plano luego de algunas semanas de menor intensidad, con posterioridad a la aprobación del retiro del 10%. Sin embargo, pese a la urgente necesidad de abordar el tema, el debate amenaza con volver a entramparse entre posiciones muy divergentes. Así, la tramitación del proyecto sigue viéndose difícil. Tal estado de cosas es resultado de la confluencia de distintas situaciones.

Desde luego, hoy —y contrario al objetivo que buscaban algunos de sus promotores— las encuestas muestran que el retiro del 10% terminó fortaleciendo la percepción de propiedad de los fondos previsionales, al poder constatar las personas que sus dineros efectivamente estaban en sus cuentas, echando por tierra muchos mitos que cuestionaban la capitalización individual. Producto de ello, se ha consolidado en la ciudadanía un importante apoyo a la idea de que las cotizaciones adicionales que introduzca una eventual reforma vayan también a las cuentas individuales. Diferentes estudios de opinión muestran, en efecto, que el porcentaje de personas que se manifiesta a favor de que esos aportes se destinen íntegramente a la cuenta de cada afiliado es muy superior al de quienes prefieren dirigirlo a un fondo solidario. Se ha abierto así un escenario que da nueva fuerza a la opción de destinar mayoritaria o totalmente la cotización a la capitalización individual antes que a un fondo común.

Por otra parte, hoy la crisis económica y el aumento del desempleo dificultan la viabilidad de cualquier reforma que —en el corto plazo— aumente las cotizaciones previsionales de manera relevante. La necesidad de facilitar la contratación posiblemente llevará a una postergación de tal estrategia y, con ello, se torna más difícil la idea de financiar un aumento de las pensiones actuales con cargo a un impuesto al trabajo, como subyace a la propuesta del “fondo solidario”.

En virtud de estos factores, el Gobierno se muestra ahora dispuesto a acelerar la discusión previsional impulsando una reforma que significaría un aumento muy paulatino de la cotización —el que se dirigiría a las cuentas individuales— y promoviendo un incremento de las pensiones actuales financiado con base a impuestos generales. Esta posición coincide con lo planteado originalmente por Chile Vamos en la campaña presidencial, y constituye una alternativa más progresiva y tal vez más eficiente que aquella de financiarlo con una parte de la cotización obligatoria, escenario este último que significaría que el mejoramiento de las pensiones sería pagado por la clase media y sectores profesionales de ingresos medios/altos.

Frente a ello, la oposición no ha cedido en su postura de destinar toda la cotización extra a un fondo común; hay, además, un grupo más radical que pretende abiertamente estatizar los fondos actuales. Adicionalmente, el plebiscito de octubre parece alimentar un inmovilismo en este sector político, algunos de cuyos dirigentes tal vez preferirían evitar que una definición sobre pensiones pueda hacer evidente el hecho de que este debate no depende de la Constitución, como han planteado sectores vinculados a la opción Apruebo. Esta táctica puede ser funcional en el corto plazo, pero corre el serio riesgo de paralizar la tarea legislativa a la espera de una posible convención constitucional, debilitando la legitimidad del Congreso para abordar los temas que le son propios. Con todo, esta discusión también ofrece a la centroizquierda una oportunidad de marcar diferencias e ir perfilando un proyecto político alternativo al de la izquierda más dura, por la vía de concretar una reforma previsional que contribuya a mejorar las pensiones en la actualidad y a la vez perfeccione un sistema basado en el ahorro individual, concepto que —más allá de las fuertes críticas que reciben las AFP— parece contar con relevante apoyo ciudadano. Los dichos del senador Insulza ayer abren expectativas en ese sentido, en la medida en que la suya no sea solo una voz solitaria en su sector.