Desde hace casi un año, Chile está sufriendo una gran crisis a propósito del estallido social y de la pandemia. Todo indica que estamos frente a una crisis multidimensional, entre cuyas causas se encuentran algunas aspiraciones de la ciudadanía que no se atendieron oportunamente.

Ello nos impone, como país, desafíos urgentes no solo en el plano sanitario, sino también en el orden político, económico y social. Mientras analizamos las distintas formas posibles de repensarnos como sociedad y nación, recuperando las confianzas, Chile puede partir desde ya haciendo cambios que mejoren la calidad de vida de las personas, aliviando sustancialmente su gasto de bolsillo en bienes y servicios sensibles y prioritarios. Y nuestro país también puede partir desde ya haciendo cambios para que el Estado ahorre importantes recursos que luego redirija a satisfacer mejor las infinitas necesidades actuales. Estos cambios serían reales, tangibles y beneficiarían en el corto plazo a toda la ciudadanía.

En este plano, las recomendaciones de reformas contenidas en los estudios de mercado de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) cobran especial relevancia. Desde agosto de 2016, cuando por ley se entregó a la FNE esta facultad, hemos realizado cinco estudios de mercado en mercados sensibles y prioritarios: rentas vitalicias, notarios, textos escolares, medicamentos y compras públicas. Las propuestas de la FNE buscan introducir mayor competencia en los mercados y, así, bajar el precio y mejorar la calidad de los bienes y servicios. La adopción del conjunto de reformas legales propuestas por la FNE en sus estudios de mercado durante los últimos tres años implicaría, según cálculos conservadores, que las personas o el Estado podrían ahorrar en forma agregada, cada año, entre US$ 521 y US$ 1.503 millones.

El estudio de mercado de rentas vitalicias recomendaba cambios que mejoraban entre un 2,5% y un 3,5% las pensiones de los afiliados a ese sistema de jubilación, lo que significaba un ahorro anual para la ciudadanía de entre US$ 61 y US$ 100 millones. El estudio de mercado sobre notarios propuso una reforma que rebajaría el precio de los trámites notariales entre un 88% y un 95%, lo que significaría un ahorro anual para la ciudadanía de entre US$ 138 y US$ 149 millones. El estudio de mercado de textos escolares recomendó cambios que permitirían a una familia ahorrar al año alrededor de $87 mil por cada hijo en edad escolar, implicando un ahorro anual para la ciudadanía de entre US$ 5,6 y US$ 19,4 millones. En el estudio de mercado de medicamentos propusimos modificaciones legales que rebajarían, como mínimo, entre un 20% y un 40% el precio actual de los medicamentos comercializados en las farmacias. Ello significaría un ahorro anual para la ciudadanía de entre US$ 76 y US$ 380 millones. Finalmente, y ahora en el ámbito de lo estatal, la FNE acaba de proponer una reforma que le permitiría al Estado ahorrarse anualmente al menos entre US$ 240 y US$ 855 millones en sus compras.

Los estudios de mercado de la FNE son muy importantes y valiosos para el país, creemos, como fuente de reformas sustantivas. En primer lugar porque, aunque se pudieran mejorar como toda obra humana, las reformas contenidas en ellos son mejores que la regulación actualmente existente en los mercados estudiados y, además, son acordes a las mejores prácticas y estándares internacionales. Y, en segundo lugar, porque son realizados por un organismo independiente, objetivo, de carácter técnico, que cuenta con información completa de los mercados y, sobre todo, que no tiene intereses comprometidos en los asuntos que estudia.

En estos estudios, la FNE mira única y exclusivamente al interés general, vela por el interés de todos.

Las fallas de los mercados producen una menor intensidad competitiva que, invariablemente, termina perjudicando a la ciudadanía con bienes y servicios más caros o de peor calidad. Contrariamente a lo que se cree, las fallas de los mercados no siempre tienen su causa en conductas ilícitas. Muchas veces existen debido a regulaciones defectuosas o que han quedado obsoletas. Los incumbentes no hacen más que jugar según las reglas del juego puestas por el propio Estado y, si les son convenientes, evidentemente defienden esas reglas. Por eso siempre hay que alejarse y desconfiar de aquellas voces que prometen que las soluciones a los problemas en un mercado provienen de “acuerdos éticos” entre sus actores. Sencillamente, eso no es así. Las soluciones provienen únicamente de buenas regulaciones, cuyo cumplimiento efectivo sea fiscalizado por organismos del Estado en forma compulsiva.

Hoy, más que nunca, se necesita un Estado moderno, fuerte y ágil que haga las reformas necesarias para velar por el interés general. Los estudios de mercado de la FNE contribuyen a esa necesidad actual y urgente que demanda la ciudadanía.

Ricardo Riesco Eyzaguirre
Fiscal Nacional Económico